El Gobierno de Areces responde al PP que el sobrecoste tiene «todo el aval jurídico»

J. L. ARGÜELLES
El Gobierno de Vicente Álvarez Areces no teme una posible intervención de la fiscalía por el sobrecoste de 216 millones (sin IVA) de la ampliación de El Musel. «Tiene todos los avales jurídicos y técnicos; más no se puede decir», aseguró ayer el consejero de Infraestructuras, Francisco González Buendía, tras subrayar que él mismo compareció seis veces en la Junta General para responder al PP.

El debate por el sobrecoste del principal puerto asturiano se sigue con detalle en Galicia, donde su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Gobierno de España que pague la desviación presupuestaria de 283 millones que arrastra la construcción del puerto exterior de Punta Langosteira, en La Coruña. El ministro de Fomento sólo está dispuesto, según trascendió ayer, a aplicar una fórmula similar a la que pactó con Areces: un préstamo en condiciones ventajosas, que la Autoridad Portuaria coruñesa deberá devolver, como en el caso gijonés, pero antes tendrá que presentar un plan de viabilidad económica, igual que hizo El Musel. Blanco tendría muy difícil justificar una decisión favorable a la exigencia del presidente de la Xunta.

Buendía mostró su satisfacción, por su parte, por la negativa de IU-BA-LV a apoyar, en estos momentos, la comisión de investigación que el PP pide en la Junta General para aclarar la gestión económica de la ampliación junto al Cabo Torres. «Ha imperado la racionalidad», afirmó el Consejero, que ironizó sobre la iniciativa parlamentaria de los populares: «No sé si lo han hecho para luego no acudir, como ha ocurrido con la solicitud del expediente de la obra, que sigue en el Puerto sin que hayan pasado a leerlo; el PP sólo está interesado en que no se haga esa obra».