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HEMEROTECA » EL TIEMPO » |
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M. SUÁREZ
¿Por qué, dedicándose a la actividad inmobiliaria, vendió en Cabueñes una finca al ex arquitecto jefe municipal sin ganar dinero? La cuestión se planteó varias veces y de distintas formas durante el interrogatorio que ayer se le practicó a Horacio Costales de Arriba en relación al llamado «caso Blanco». «Se puso el precio que me aconsejaron mis asesores fiscales porque era el que convenía para Hacienda», alegó el empresario, que declara en calidad de testigo como administrador de la sociedad Hoyant, S. L.
Se refería, con esta respuesta, a la operación que Hoyant y Ovidio Blanco -al frente de los servicios técnicos del Ayuntamiento hasta diciembre de 2003- formalizaron en una notaría gijonesa el 29 de julio de 2004. Era la tercera vez que hacían tratos con la misma finca. A pesar de que esa parcela estaba entonces en proceso de recalificación como suelo edificable, la sociedad le cobró a Blanco 20.434 euros. Dos años después, el ex arquitecto municipal se la vendería a la constructora Urbis por 617.420 euros.
Su actuación está ahora bajo sospecha. Y el testimonio de Horacio Costales resulta fundamental para aclarar el asunto, en el que la fiscalía observa indicios de tres delitos: cohecho, uso de información privilegiada y tráfico de influencias. La relación entre Blanco y Hoyant, de la que también era socio Antonio Cueto (fallecido en 1999), se remonta a 1992. El 2 de marzo de ese año, la sociedad adquiría en Cabueñes 25.772 metros cuadrados de terreno, por los que pagó a la familia Vereterra 114.458 euros. Once días después, le vendía a Blanco una segregación de 2.491 metros por un importe de 7.513 euros.
Ayer, la acción popular llamaba la atención sobre el hecho de que «en esa ocasión le vendió el metro a 3,01 euros, cuando lo había comprado a 4,44, ¿cómo es posible?». Horacio Costales empezó rebatiendo que «eso es falso», para luego atribuir el dato a «un error de las escrituras». Fue uno de los momentos tensos del interrogatorio, que se celebró en el domicilio de Costales por recomendación del médico forense y a raíz de que una crisis de ansiedad le impidiese comparecer en los Juzgados de Poniente el 6 de agosto.
Ayer se desplazaron hasta su chalé de Somió el juez que instruye el caso, Juan Laborda; el fiscal Luis Miguel Llorente; la secretaria del Juzgado y una auxiliar; y los abogados Luis Tuero (defensa de Blanco), Manuel Infanzón (en nombre del Ayuntamiento), Concepción Trabado (representación de la Plataforma Ciudadana de Cabueñes) y Pedro Muñiz (del PP). «Los de Cabueñes me quieren despellejar», se enfadó Costales durante el interrogatorio.
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