R. VALLE / M. SUÁREZ
Y van diez. Primero fue una familia de Mareo la que, en el mes de julio, consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anulase el planeamiento urbanístico gijonés. Este jueves, se fallaba en los mismos términos el contencioso interpuesto por el Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural. Y ayer, el Ayuntamiento de Gijón informaba de que existen otras ocho sentencias que declaran «contrario a derecho» su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Todas ellas tienen en común un tronco argumental que cuestiona la validez jurídica del documento y su proceso de tramitación. El TSJA les ha dado la razón al considerar que, efectivamente, «se ha encubierto una genuina operación de revisión del plan bajo un indebido supuesto de modificación puntual». Como consecuencia de esta irregularidad en el procedimiento, «inadecuado» para una transformación del modelo territorial que afecta a 320 hectáreas, el alto tribunal asturiano detecta un «deficiente período de información pública anterior a la aprobación inicial» del PGOU, «falta de documentos esenciales» y un «deficiente estudio económico y financiero».
Entre las sentencias que ayer se dieron a conocer, destaca la de una vecina afectada por el plan parcial de Cabueñes, que pone en entredicho el conjunto del planeamiento urbanístico como paso previo para poder atacar el desarrollo residencial que la perjudica más directamente. Que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias haya aceptado su petición de nulidad sienta las bases, según su abogado, Antonio García, para la invalidación del proyecto de Cabueñes.
«Por mucho que diga el Ayuntamiento, no se pueden desarrollar los planes parciales de un Plan General anulado. Vamos a estar muy atentos y, llegado el caso, utilizaremos el as que supone esta sentencia para paralizar la actuación prevista en Cabueñes», recalcó García.