R. V. / M. S.
Ni la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, ni su concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, se mostraban ayer preocupados por la retahíla de sentencias anulatorias del Plan General de Ordenación Urbana. «No esperábamos otra cosa», indicaba la regidora socialista.
Dado que se trata de litigios que pretenden tumbar el PGOU planteando una problemática semejante, se transcriben los razonamientos de nulidad «por obvias razones de igualdad y seguridad jurídica», explica el propio Tribunal Superior de Justicia de Asturias en la sentencia que responde al contencioso del Colectivo de Vega.
La intención del Ayuntamiento es recurrir cada uno de estos fallos ante el Tribunal Supremo, para evitar que se conviertan en firmes y tramitar lo más rápidamente posible un nuevo documento urbanístico. Para lo primero, en el caso de estas últimas diez sentencias, el Gobierno local tiene un plazo de 10 días para anunciar su intención a los jueces y un mes para concretar el trámite.
«En todos los casos se sostiene que la tramitación del PGOU se debía haber hecho como una revisión, mientras que el Ayuntamiento hizo una modificación. Las sentencias plantean una cuestión de procedimiento, pero sin entrar en consideraciones particulares», explicaba ayer el edil de Urbanismo. Esto es, «en ningún caso se satisfacen las peticiones de los demandantes sobre tal o cual finca».
Contra el PGOU gijonés, se interpusieron en el Tribunal Superior de Justicia 75 contenciosos. Según los datos aportados por Sanjurjo, «nueve fueron inadmitidos, 25 se desestimaron, 16 se estimaron (entre ellos, los diez que ya están notificados), 21 están pendientes y cinco caducaron».