El PP califica la situación de «insostenible» y exige que «asuman responsabilidades»

R. V. / M. S.
El PGOU contiene la normativa que regula la expansión de la ciudad y las actuaciones residenciales que propician ese crecimiento urbano. Ayer, el abogado Antonio García incidió en que «todos esos planes parciales deberán acomodarse al nuevo PGOU» que surja de la revisión de oficio que llevará a cabo el Ayuntamiento para curarse en salud ante el aluvión de sentencias anulatorias y dar garantías jurídicas a los proyectos que ya están en vías de tramitación.

El plan parcial de Cabueñes es uno de los más polémicos y, de hecho, está salpicado por la investigación judicial a la que se está sometiendo actualmente el ex arquitecto jefe municipal Ovidio Blanco. García asegura que la anulación del PGOU afecta a su desarrollo. «El Ayuntamiento insiste en que el Tribunal Superior de Justicia sólo entra en cuestiones de forma. Pero es que, en urbanismo, el fondo está en la forma, porque puede alterar las garantías jurídicas», puntualizó. «De hecho, con estos fallos judiciales se pone en evidencia que los procesos de información pública tienen mucha importancia para configurar el Plan General de Ordenación», añadió.

Este abogado gijonés representó a la familia de Mareo que consiguió la primera sentencia de anulación. Dos de los fallos notificados ayer también responden a los recursos que Antonio García elaboró en representación de un vecino de Somió y de una afectada por el plan de Cabueñes. Tiene pendientes de resolución los contenciosos que interpuso para otros dos particulares, las asociaciones vecinales de La Pedrera y Somió, y la Federación Rural «Les Caseríes».

Los nuevos fallos judiciales provocaron una reacción inmediata del Partido Popular: «Los tribunales ratifican la actuación fuera de la ley del gobierno de Gijón en materia de urbanismo. La situación es insostenible y no puede postergarse más la asunción de responsabilidades políticas que se derivan de este asunto». Unión, Progreso y Democracia (UPyD) también salió al paso denunciando que «tras años de control municipal, empieza a verse la prepotencia de los gestores públicos de la ciudad».