El otro cataclismo del Plan de Ordenación

J. MORÁN

Diez sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) han anulado ya el Plan General de Ordenación Urbana de Gijón, el PGOU aprobado en 2005. El Ayuntamiento espera que otras seis discurran por la misma senda. Aunque en condiciones y con consecuencias diferentes, la Villa de Jovellanos ya había conocido otro cataclismo urbanístico en el pasado, hace casi tres décadas y durante los desarrollistas años del franquismo.

El Plan de Ordenación de Gijón de 1971 fue anulado por el Tribunal Supremo en 1976, y no sólo eso, sino que anteriormente las ordenanzas que regulaban el tamaño de los edificios también fueron rechazadas y corregidas en Madrid por el Ministerio de la Vivienda.

El pulso entre un Ayuntamiento generoso con el volumen y altura de la edificación y una Administración central restrictiva causó los desmanes legales del plan de 1971. Todo ello generó un caos urbanístico del que la ciudad no se recuperó hasta la llegada de la estabilidad con el primer PGOU de los tiempos democráticos, encargado por el Ayuntamiento en diciembre 1980 y aprobado finalmente en 1986.

La historia del cataclismo del plan de 1971 contaba con condiciones previas inquietantes. Gijón disponía del Plano (no plan) de Ordenación de 1947, elaborado por el urbanista Germán Valentín-Gamazo. Era un documento muy racional y que dibujaba una ciudad contenida en edificación. Sin embargo, el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias lo rectificó posteriormente, y con generosidad para las alturas edificables.

Gijón ingresaría tiempo después en un furioso desarrollismo al tiempo que nacía la ley de Suelo de 1956, la primera, en sentido estricto, de la historia de España. Con la necesidad de adaptar a dicha ley el Plano de Gamazo, el Ayuntamiento contrató en 1965 los servicios de Joaquín Cores Uría para elaborar un plan en el que posteriormente participaron Juan Martínez Gemar y el arquitecto municipal, Enrique Álvarez-Sala.

Una curiosidad de aquel plan es que el Ayuntamiento quiso incluir la que se conoció como «avenida imposible», es decir, la prolongación del paseo de Begoña, con su ancho, en línea recta hasta el Muelle, para enlazar con la plaza del Marqués. El delirante proyecto, abandonado en 1973, suponía derribar la Escuela de Comercio, el Antiguo Instituto y la Iglesiona.

El plan de Cores Uría salió a información pública en mayo de 1969 y fue aprobado ese mismo año por el Ayuntamiento, que lo remitió a continuación al Ministerio de Vivienda. Entre otras prescripciones, el plan consagraba una ciudad dividida en tres. La «industrial-portuaria», del Cabo Torres a Fomento; el «centro urbano», desde el cerro de Santa Catalina, al Norte, hasta la ya planeada autopista del Cantábrico, al Sur; y la «zona verde y de usos especiales», desde el parque de Isabel la Católica hacia Somió («el infierno, el purgatorio y el paraíso», respectivamente, según observación del urbanista Rañada, autor del PGOU de 1986)

Pero lo más relevante fue que los sobresaltos comenzaron muy pronto. Al mismo tiempo que tramitaba el plan, la municipalidad promulga en febrero de 1970 nuevas ordenanzas de edificación dirigidas principalmente a «legalizar» los excesos de años anteriores, según los análisis del profesor Moisés Llordén en su estudio «Desarrollo económico y urbano de Gijón. Siglos XIX y XX».

Dichas ordenanzas permitían alturas de casi 40 metros en numerosas manzanas de la ciudad, pero la Comisión Central de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda, consciente ya del caos gijonés, las anula en tanto no se apruebe el plan. Pero hubo más: cuando se aprueba definitivamente el documento, en julio de 1971, el Ministerio vuelve a corregir las ordenanzas de edificación, rebajando volúmenes y alturas. No será hasta 1973 cuando se aprueba la documentación complementaria del plan, con todas las rectificaciones. Pero la conmoción llegaría cuando, tras el contencioso de unos particulares, el Tribunal Supremo anula el plan de Gijón. Era el 6 de diciembre de 1976. Sin embargo -quizá porque se esperaba ya el fallo-, el Ayuntamiento tuvo en este caso la suerte de que el Ministerio aprobó de nuevo el plan al día siguiente.

Con todo, el urbanismo gijonés ya iba de tumbo en tumbo, al tiempo que la ciudad había dejado de crecer en población. En 1975, Gijón contaba con 237.000 habitantes. El número de sus pobladores se había incrementado un 30 por ciento de 1970 a 1975, pero un 8,3 desde ese último año a 1978; y sólo un 1,14 por ciento desde entonces hasta 1980. Paralelamente, los planes parciales que desarrollaban el plan llegaban tarde y eran ya incompatibles con la nueva ley del Suelo, de 1975. En diciembre de 1980, siendo ya alcalde el socialista José Manuel Palacio, el Ayuntamiento contrata la redacción del primer PGOU de la democracia a la Asociación de Empresarios Individuales S. A., formada por Ramón Fernández-Rañada, José Ramón Menéndez de Luarca, Carlota Navarro y Gerhard Loch. Llegaba un tiempo de sosiego, aunque no exento de acaloradas polémicas.