M. S.
Que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias haya declarado «contrarios a derecho» los acuerdos de aprobación del PGOU podría frenar el desarrollo de actuaciones residenciales como la prevista en Cabueñes. Es lo que sostiene el abogado Antonio García, que representa en los litigios contra el Plan General de Ordenación a una vecina afectada por dicho proyecto. Ayer, la alcaldesa de Gijón se refería a su caso: «No adelantemos acontecimientos. Digamos que el plan parcial de Cabueñes todavía está en remodelación».
El concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, ha dicho por activa y por pasiva que el PGOU se mantendrá en vigor hasta que el Tribunal Supremo diga lo contrario, lo que significa continuar con los proyectos urbanísticos que ya están en proceso de tramitación. Uno de ellos es el de Cabueñes, que «ya veremos cómo se desarrolla», dejó en el aire la Alcaldesa, frente al argumento de Antonio García, que advierte de que «no se pueden llevar a cabo los planes parciales de un Plan General anulado».
La actuación de Cabueñes se encuentra en el ojo del huracán desde que la plataforma vecinal de la parroquia empezara a investigar la vinculación del ex arquitecto jefe municipal Ovidio Blanco con este proyecto urbanístico. La fiscalía detectó indicios de tres delitos -cohecho, uso de información privilegiada y tráfico de influencias- en la documentación recabada por los vecinos. Ahora, el «caso Blanco» está en manos del Juzgado de instrucción número 5 de Gijón, que el jueves tomaba declaración al administrador de Hoyant S. L., la sociedad que vendió al ex arquitecto municipal una finca en Cabueñes que le ha reportado 600.000 euros de beneficios.
El Ayuntamiento de Gijón se ha personado en el «caso Blanco» como acusación particular, aunque eso no implica que vaya a ejercerla finalmente. Hasta que haya dictamen judicial al respecto, Paz Fernández Felgueroso prefiere guardar silencio: «No voy a hacer comentarios sobre un caso sometido a un enjuiciamiento que todavía está en marcha».
