El Estado prevé para 2010 la redacción del proyecto, pero no la obra de la depuradora

Miriam SUÁREZ
M. SUÁREZ
La estación depuradora prevista en la zona Este tampoco cuenta, al igual que el proyecto del metrotrén, con una partida específica dentro de los Presupuestos Generales del Estado de 2010. Aun así, «no hay motivos para la intranquilidad; esta obra no corre ningún riesgo», garantizaba ayer el concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, sin dar detalles ni de cifras ni de plazos.

El plan integral de saneamiento que el Ayuntamiento de Gijón firmó en 1991 con el Principado y el Gobierno central ya registraba la necesidad de crear una estación que depurase los residuos de la cuenca Este. Dieciocho años después sigue sin llevarse a cabo, aunque ya está decidido que se construirá soterradamente bajo la planta de pretratamiento de aguas residuales de El Pisón, más conocida como la Plantona. En 2010 tampoco se acometerá la obra.

El coste de la depuradora, que requiere una inversión de 60 millones de euros, correrá a cargo de la Dirección General del Agua, en cuya asignación presupuestaria no viene recogida como tal esta obra clave para el saneamiento gijonés, que se mete en el saco de las previsiones más genéricas en materia de depuración. Fuentes oficiales explicaban ayer que «no hay una referencia concreta al proyecto, porque, antes de meterse en la obra pura y dura, hay que redactar el proyecto constructivo», trámite que se licitará antes de que termine este año.

«Todas las infraestructuras hidráulicas prioritarias para Asturias tienen garantizada la cobertura económica para 2010, salvo el depósito de Cuyences (Oviedo)», tranquilizó Jorge Marquínez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte, organismo que tutelará la construcción y funcionamiento de la depuradora del este de Gijón. «El esfuerzo inversor del Ministerio de Medio Ambiente -del que dependen tanto la Confederación como la Dirección General del Agua- no ha sido objeto de reajuste presupuestario», incidió.

En el caso de Gijón, el esfuerzo al que alude Marquínez no se traducirá en obra civil, sino en tramitaciones administrativas. La decisión de ubicar la depuradora en la zona de El Pisón, con su correspondiente estudio de impacto ambiental, acaba de obtener el visto bueno del Ministerio. Todavía falta por plasmar en un proyecto constructivo la idea de soterrar la depuradora, en la que se integrarán las instalaciones de la Plantona, cuyo derribo dejará espacio en superficie para un parque. «Las dudas que están generando los primeros números de los Presupuestos Generales del Estado quedarán despejadas a lo largo del próximo año», sentenció el concejal Pedro Sanjurjo.

Primero acudieron al Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Más tarde, al Supremo. Y, ahora, la comunidad de propietarios de El Pisón solicita el amparo del Tribunal Constitucional, todo, para defenderse de la reforma legislativa promovida por el Gobierno regional que ha dejado sin efecto la obligación de que instalaciones como la Plantona guarden una distancia de 2.000 metros con los núcleos de población. Se legalizaba, así, una planta de pretratamiento de aguas residuales que acumula varias sentencias en contra por situarse, precisamente, a pocos metros de la colonia de chalés de El Pisón.

«La reforma del Principado se creó ad hoc con el fin de eludir el cumplimiento de sentencias firmes de clausura, algo que está prohibido en nuestro ordenamiento. Se ha cometido un fraude de ley», sostiene el abogado de los vecinos, Marcelino Abraira, en el recurso de amparo que presentó este miércoles ante el Tribunal Constitucional. Argumenta, además, que este cambio legislativo «extralimita las competencias del Principado de Asturias, inundando las del Estado».

Estos razonamientos forman el núcleo de un recurso que también cuestiona la sentencia emitida por el Tribunal Supremo en el mes de julio. En dicho fallo se dice que ni la jurisdicción contencioso-administrativa ni el propio Supremo son competentes para entrar a valorar la reforma legal aprobada por el Principado. «Se ha conculcado nuestra tutela judicial», denuncia Abraira, que espera del Tribunal Constitucional que sí se pronuncie sobre este asunto. Entre tanto, «pedimos que suspenda cautelarmente la reforma legal» que tanto critican los vecinos. La comunidad de El Pisón lleva luchando contra la Plantona desde hace quince años.