El abogado de la defensa cree que su cliente es «el cabeza de turco de ciertos intereses»

Módem Press / M. S.
A la salida de los Juzgados de la madrileña plaza de Castilla, Luis Felipe Alonso Teixidor prefirió mantener discreción, porque «el juez me ha dicho que no diga nada». Las pocas palabras que pronunció fue para subrayar que «el Plan lo hemos hecho nosotros, el equipo técnico. Lo único que puedo comentar es que aquí no ha habido, en absoluto, ningún tipo de tráfico de influencias ni presiones de ningún cariz».

Con el arquitecto redactor del PGOU se cierra la ronda de declaraciones programadas por el juez Juan Laborda para esclarecer lo que ya se conoce como «caso Blanco». Ya han dado explicaciones el propio Ovidio Blanco, que compareció como imputado; su esposa, María Piedad Rodríguez; el administrador de Hoyant, S. L., Horacio Costales, y la viuda -María Luisa García- e hijos de su socio Antonio Cueto, fallecido en 1999.

Para el abogado de la defensa, Luis Tuero, «la declaración del señor Teixidor confirma que Ovidio Blanco no hizo nada raro ni cometió ningún delito. Cabueñes era una zona rural que se convirtió en zona urbanizable por unos motivos técnicos que un profesional de reconocido prestigio como Teixidor ha explicado perfectamente». A lo que añadió: «Ovidio Blanco es el cabeza de turco de una serie de señores que, en defensa de una serie de intereses, le ponen entre la espada y la pared y le someten a un juicio público que no es de recibo».

Nunca antes Tuero había sido tan contundente, pero ayer se despachó a gusto. «Estamos hablando de un señor que tiene una familia, un prestigio y una trayectoria en Gijón, y ahora está siendo crucificado de forma totalmente gratuita por los intereses ajenos de una serie de personas», criticó ayer el abogado de la defensa, refiriéndose aparentemente a la Plataforma contra el Muro de Cabueñes y al PP. Vecinos y grupo de la oposición tienen previsto ir más allá de los interrogatorios solicitados por el juez y pedir pruebas complementarias, como informes periciales de la operación urbanística de Cabueñes o cheques y movimientos bancarios que acrediten las compraventas objeto de sospecha.