El letrado de la Junta limita el alcance de la comisión de investigación sobre El Musel

M. CASTRO

El presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach, podrá seguir dando esquinazo a los diputados de la Junta General del Principado, aunque salga adelante la propuesta del PP para crear una comisión de investigación sobre los sobrecostes de la obra de ampliación de El Musel. Al ser El Musel un puerto de titularidad estatal, el Parlamento autonómico tendrá limitada su capacidad investigadora, según un informe jurídico del letrado mayor de la Junta General del Principado.

El informe considera lícito que se cree una comisión de investigación sobre El Musel en la Junta General, si la mayoría de la asamblea considera que es un asunto de «interés público para la comunidad autónoma». Pero en el mismo informe se advierte de que sólo se podrá obligar a comparecer a los representantes del Principado en el consejo de administración de El Musel, no a los demás.

Las incomparecencias en una comisión de investigación que se cree en el Congreso de los Diputados o una que se cree en una comunidad autónoma sobre un órgano de su competencia tienen consecuencias penales. Las personas citadas que no acudan se enfrentan a una imputación por delito de desobediencia y si son funcionarios, pueden perder su empleo hasta dos años.

Ése no sería el caso en una comisión sobre El Musel que se cree en la Junta General, a la que los responsables portuarios o los de las empresas contratistas podrán esquivar sin incurrir en responsabilidades penales. El letrado mayor del Principado advierte de que en las citaciones que se realicen en una posible comisión de investigación sobre El Musel no se deberá incluir el apercibimiento sobre responsabilidades legales en caso de incomparecencia.

El informe se apoya en sendos artículos publicados por juristas en revistas especializadas en derecho, en los que se señala que mediante comisiones de investigación una asamblea autonómica no puede intentar controlar órganos públicos que estén sometidos a un control ajeno.

El Musel es un puerto de interés general del Estado. El problema es que, aunque orgánicamente dependa del Ministerio de Fomento, en la práctica lo controla el Gobierno del Principado. El presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach, fue nombrado a propuesta del Gobierno del Principado, tras haber ocupado un alto cargo en la Consejería de Infraestructuras. En el consejo portuario también se encuentran representantes socialistas de los ayuntamientos de Gijón y de Carreño.

Rexach compareció en una ocasión ante la Junta para justificar los sobrecostes de 250,9 millones de euros (con IVA), que suponen un encarecimiento de más del 43% sobre el presupuesto de licitación (579,2 millones). El presidente de El Musel se negó a volver en ocasiones posteriores, conforme iban evolucionando los acontecimientos. En el Parlamento asturiano sólo se pudieron escuchar las explicaciones del consejero de Infraestructuras y miembro del consejo de administración de El Musel, Francisco González Buendía.

El PP formuló en la Mesa de la Cámara, el jueves, una propuesta para crear la comisión de investigación sobre El Musel. Si antes del próximo viernes no se opone ningún grupo político, quedará automáticamente constituida. En caso contrario, se debatirá en el Pleno de la Junta General la propuesta de su constitución. La coalición IU-BA-Los Verdes, socia de gobierno del PSOE en el Principado, aboga por crear la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, donde todas las citaciones sí tendrían carácter obligatorio.