La fiscalía denuncia el aumento de la pornografía infantil en internet

El fiscal especializado en delincuencia informática del Tribunal Supremo, Javier Huete Nogueras, mostró ayer en Gijón su preocupación por el «volumen creciente de archivos pedófilos en internet». La pornografía infantil es la principal batalla y mayor preocupación de la fiscalía respecto a los delitos informáticos, señaló ayer en Gijón, adonde acudió para impartir una conferencia sobre la prueba pericial en materia de delincuencia informática, en el curso organizado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

La existencia de esos archivos informáticos supone que «previamente ha habido una interacción con menores». En la actualidad, el Tribunal Supremo está dirimiendo con sus sentencias hasta qué punto es necesaria la supervisión judicial en las investigaciones que efectúan en este sentido las Fuerzas de Seguridad del Estado y hasta qué punto pueden éstas realizar pesquisas sin esa supervisión.

La cuestión es determinar si lo que se comunica por internet está protegido por el secreto de las comunicaciones, un derechos constitucional que sólo puede ser restringido legalmente por un juez, o forma parte del derecho a la intimidad, en cuyo caso las Fuerzas de Seguridad pueden actuar autónomamente. «Desvelar la dirección IP (la matrícula de un ordenador en internet) a lo mejor no necesita una intervención judicial. Si contemplamos estrictamente la ley de Comunicación de Datos de 2007, sí requiere una intervención judicial, pero la Sala Segunda del Supremo ya se ha pronunciado acerca de la legalidad del rastreo por internet y tiene pendiente una resolución en la que se definirá el grado de afectación de las direcciones IP», explicó Javier Huete.

La cuestión sobre la legalidad de las pruebas informáticas obtenidas no es baladí. Recientemente, han sido absueltos 11 islamistas a los que se relacionaba con el 11-M porque sus correos electrónicos fueron interceptados sin las correspondientes garantías legales, señaló Huete.

Las diferentes legislaciones nacionales son un obstáculo en este sentido para la resolución de los delitos informáticos. «No podemos entrar a controlar un sms gestionado por Microsoft, porque lo gestiona un servidor desde Atlanta y en Estados Unidos es ilegal. En Estados Unidos sólo se permite el acceso a los correos electrónicos en los casos en los que está implicada la seguridad nacional», añadió el jurista. El incumplimiento de la legislación estadounidense fue lo que motivó la absolución de los islamistas antes señalados.

La comisión de los delitos informáticos desde el extranjero también supone una dificultad. De hecho, en los casos de robos en cuentas bancarias a través de internet, normalmente se suele apresar a los españoles que utilizan las mafias para transferir el dinero al exterior (en muchos casos engañados), pero difícilmente a los cabecillas. En ese sentido, Huete recordó que «España aún no ha ratificado el convenio de cibercriminalidad de Budapest, adoptado en 2001, que supone el establecimiento de redes operativas las 24 horas los siete días a la semana» para facilitar el contacto entre las policías.

A través de internet, las herramientas informáticas se han convertido en un arma de distintos tipos de crimen. Recientemente fueron capturados dirigentes de ETA al haber localizado una dirección de correo electrónico. «También se puede cometer un asesinato por internet, por ejemplo, cambiando la medicación pautada a un paciente en un Hospital», explicó.