Política económica del Gobierno regional

MIGUEL ÁNGEL LLANA Grandes inversiones intensivas en capital, con muy poca creación de empleo y cuyos beneficios nadie sabe adónde van a parar, pero que, desde luego, nada tienen que ver con la región porque aquí no se quedan. El Gobierno acentúa e insiste en una política económica de agresión ecológica y de despilfarro de los recursos medioambientales cuando, además, muchos no son recuperables. En definitiva, en Asturias se potencia el papel de una comunidad productora principalmente de contaminación. Ello supone exportar productos cuyo mayor valor añadido proviene de la destrucción medioambiental del entorno.

La ratio de la degradación medioambiental por persona empleada y la ratio de los millones de euros invertidos, referidos también por puesto de trabajo, son en ambos muy importantes, pero son, al mismo tiempo, una miseria respecto a la utilidad regional. Así funciona el sector siderúrgico, la metalurgia del aluminio, del cinc, el sector cementero, el químico, las fábricas de papel, etcétera.

Pero aún habría que añadir otro gran perjuicio, como es el derivado del efecto disuasorio que estas actividades crean sobre la posibilidad de otras o de nuevas inversiones productivas limpias en donde, además, primarían aspectos como el valor añadido, pero no como ahora que es a costa del deterioro medioambiental, sino de la incorporación al producto de tecnologías y de procesos intensivos en mano de obra -creación de empleo- o de la incorporación de tecnologías de vanguardia. Pero, en general, nada de todo esto sucede, sino que se sigue planificando con más de lo que ha llevado a Asturias a una situación de progresivo empobrecimiento y deterioro, a un callejón en el que no se ve la salida.

El Gobierno asturiano continúa con su política de grandes inversiones sobre las que no puede tener ningún control, salvo para conceder enormes beneficios fiscales, exenciones, subvenciones a fondo perdido y, además, destruyendo el patrimonio medioambiental del que ni siquiera obtenemos una compensación.

Toda esta política económica implica además un enorme aporte de infraestructuras de cuyo uso y deterioro ni se pasa factura ni se obtiene beneficio público o social alguno, sino más bien al contrario, merman el posible uso para otras actividades más saludables desde todos los puntos de vista y, también, añaden un coste de mantenimiento importante que ha de pagarse con los fondos públicos propios, los que salen de los presupuestos municipales y regional, en detrimento de otros servicios económicos y sociales de primera necesidad que sí serían mucho más provechosos para la comunidad.

Es decir, los recursos públicos y privados y el Gobierno de Asturias al servicio de grandes multinacionales y al servicio de unos beneficios que se van y vuelan lejos de la comunidad y de la sociedad que los ha generado, pero quedándose ésta con la hipoteca del deteriorado medio ambiente, de la pérdida y la destrucción de cuantiosos recursos naturales y la exclusión o incompatibilidad con otras actividades más saludables.

Éste es nuestro Gobierno y para estos otros intereses gobierna. A ellos se debe, para ellos trabaja y de ellos, de un modo o de otro, se beneficia.

A la precisa información dada en el artículo respecto a que «El negocio eléctrico de la región seguirá entre los más penalizados», habría que añadir y comentar que precisamente las centrales térmicas, a las que se refiere, encabezan la lista europea de las más contaminantes y que, a pesar de la «penalización», continuarán liderando su potencial de deterioro medioambiental y de revulsivo para otras industrias y actividades que sí podrían establecerse, pero no al lado de éstas. Lo mismo y más cabría añadir a la información dada en el artículo «La UE suaviza su política ambiental y libera a industrias asturianas de pagar por el CO2», porque se refiere precisamente al tipo de industrias que se mencionan más arriba, lo que supone primar su poder depredador de recursos y medio ambiente a cambio de más perjuicios que beneficios. (Ambos artículos de L. Gancedo, en LNE, 05-10-2009)

En resumen, ¿a quién beneficia la política económica del Gobierno de más inversiones, más producción y más negocio?