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El PP presenta un recurso ante la Alcaldía contra la nueva tramitación del PGOU

Fernández Pardo denuncia que los estudios de impacto ambiental parten de una norma errónea

 
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A. RUBIERA

Los pasos que está siguiendo el Ayuntamiento de Gijón para revalidar toda la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en concreto los relativos al procedimiento de evaluación del impacto ambiental, pueden ser pasos en falso que lleven a una nueva anulación judicial. Es la advertencia que ayer lanzó la portavoz del PP en el Ayuntamiento gijonés y presidenta local de los populares, Pilar Fernández Pardo.

No sólo se trata del anuncio verbal de un mal augurio; el PP ya presentó ante la Alcaldía un recurso de reposición contra la resolución municipal por la que se licitó el servicio de asistencia técnica para la elaboración de todos los documentos y trámites exigidos en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en la revisión del PGOU. Un concurso al que optan quince empresas.

Los populares sostienen que la tramitación iniciada es errónea porque se está aplicando una normativa indebida. En concreto, una normativa que, entre otros perjuicios, «limita el contenido de la evaluación de impacto ambiental y restringe, por ejemplo, el período de información pública del estudio de evaluación ambiental». Para la presidenta del PP, en el pliego de prescripciones técnicas a las que debían atenerse los interesados en optar al contrato de los servicios de asistencia técnica para la elaboración de dichos documentos y trámites se recoge que todo se deberá elaborar en base al real decreto legislativo 1/2008, cuando lo que sería de correcta aplicación -según el PP- es la ley 9/2006. «Uno es para evaluación de obras y actuaciones concretas, como puede ser un yacimiento minero o una repoblación forestal, mientras que el otro es para una revisión integral, como puede ser la del PGOU», explicó Fernández Pardo. «Ya empezamos mal. Esto es reincidir en el error y correr el riesgo de que, si se sigue con todo el procedimiento, se pueda volver a anular el PGOU gijonés», afirmó. Por eso mismo la diputada y concejala gijonesa reclamó el cese del concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo; del director del área de planeamiento urbanístico y obras, Cosme García Revilla, y no se olvidó de la Alcaldesa. «Por encima de ambos siempre está presente la responsabilidad de la Alcaldesa. Exigimos que se pongan a trabajar ya con rigor y seriedad. Casa paso que da este Ayuntamiento es una irregularidad o una ilegalidad», denunció Fernández Pardo.

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