FRANCISCO JOSÉ FARALDO
Parece que algunas comunidades españolas se están planteando un cambio administrativo de gran alcance según la cual los profesores dejarían de estar adscritos al Ministerio de Educación y pasarían a formar parte del personal de Defensa. Si esto se confirma, la ingeniosa propuesta de otorgar el título de autoridad a todos los docentes quedaría obsoleta antes incluso de ser debatida y los profesores, ya con licencia de armas y uniforme reglamentario, estarían capacitados para acometer de inmediato la pacificación escolar. La audacia de la medida es innegable. Transformados escuelas e institutos en pequeños guantánamos, a los alumnos les acometería súbitamente un irrefrenable deseo de entregarse al estudio y dejarían ipso facto de apalear a profesores y pinchar las ruedas de sus vehículos. Qué bien.
Por lo cual, en vista que la desmoralización de los docentes, la indiferencia de las familias y la desidia y salvajismo de los alumnos están a punto de pasar a la historia, quienes hemos estado durante decenios proponiendo otro tipo de alternativas nos sentimos obligados a disculparnos por los errores pasados.
Creíamos los ilusos que la quiebra de la institución escolar era la consecuencia de factores muy relacionados con la desvertebración social acelerada del país como el paro y la disolución de la familia tradicional, del discurso letal de la televisión, de la torpeza política empeñada en la aplicación de sucesivas reformas siempre inconclusas, de la ausencia de un tratamiento serio de la educación en valores, del fracaso clamoroso del modelo de gestión escolar vigente desde hace treinta años, etcétera. Estimábamos también que los medios públicos del Estado -la televisión, en primer lugar- deberían actuar como agentes educativos en vez de competir con los canales privados en la difusión incontrolada del fútbol o las hazañas de saltacamas vociferantes y semianalfabetos a los que se paga por contar públicamente sus miserias. Asimismo censurábamos que determinadas instituciones, como muchos ayuntamientos, empleasen nuestros dineros en organizar botellones y concursos para aturdir todavía más a los censados más jóvenes. Nos alarmaban la desmotivación que un horizonte de desempleo producía en los alumnos, el pasotismo de las familias respecto al proceso de aprendizaje de sus hijos, su falta de participación en los órganos de gobierno de los centros. Censurábamos -¿por qué no decirlo?- la resistencia a actualizarse de un sector del profesorado o su entreguismo acrítico y abusivo a la moda de las nuevas tecnologías. Criticábamos la incompetencia y el oportunismo manifiesto de algunos responsables educativos más pendientes de la rentabilidad política de sus decisiones que de mejorar la calidad del sistema.
Estábamos equivocados y ha llegado el momento de abjurar públicamente de nuestra conducta. Los culpables únicos y absolutos de la situación son esas bestias jóvenes que, tercamente, se resisten a ser educadas como Dios manda y han convertido escuelas e institutos en una jungla ingobernable.
En cuanto Carme Chacón tome las riendas de este asunto, se van a enterar.
