J. L. A.
El acuerdo adoptado por el ministro de Fomento, José Blanco, y el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, por el que el Gobierno de España presta a la Autoridad Portuaria de Gijón 215 millones para hacer frente al sobrecoste aprobado de la obra de ampliación, no ha logrado apagar el debate político por la gestión del mayor proyecto licitado en Asturias.
Mientras los socialistas hacen hincapié en que ese préstamo permite acabar sin problemas el superpuerto, el Partido Popular (PP) ve suficientes indicios para que actúe la fiscalía, al considerar que esa desviación presupuestaria de 216 millones (sin IVA) está insuficientemente justificada y explicada. Mariano Rajoy ha incluido El Musel en el listado de asuntos dudosos que afectan al PSOE pero que no son investigados. Un informe de la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea subraya que la Autoridad Portuaria de Gijón debió volver a licitar la obra afectada por el sobrecoste. La diputada popular Pilar Fernández Pardo interpelará a Blanco pasado mañana, miércoles, en la sesión parlamentaria de control del Gobierno.
Gaspar Llamazares, diputado por Asturias y portavoz de IU, ha presentado, por su parte, una proposición no de ley para que el Congreso investigue las causas del sobrecoste y audite la cuentas de El Musel. Los Verdes, que forman coalición con IU y BA en el Principado, donde gobiernan con el PSOE, han exigido medidas políticas, que pasan, a su juicio, por la dimisión o la destitución del presidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach, y por el apoyo a la iniciativa parlamentaria de Llamazares.
Los Verdes fue la formación que presentó denuncia ante la Comisión Europea por el sobrecoste y por una obra que consideran innecesaria. La posición del PP e IU es otra: consideran que el superpuerto, fundamental en el desarrollo del proyecto energético que defiende Areces, debe concluirse, pero tienen sospechas y dudas sobre la gestión económica de los trabajos.
