J. L. A.
El ministro de Fomento, José Blanco, deberá responder hoy en el Congreso, por segunda vez en el último mes, sobre el origen y gestión de la desviación presupuestaria de 216 millones (sin IVA) que arrastra la obra de ampliación de El Musel. Es una intervención obligada al presentar Pilar Fernández Pardo, diputada por Asturias y presidenta del Partido Popular (PP) de Gijón, una interpelación dentro de la sesión de control al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En su intervención parlamentaria del pasado 16 de septiembre, Blanco trasladó la responsabilidad de la gestión económica del superpuerto asturiano, y por tanto del sobrecoste de la obra, al Gobierno del Principado y a la Autoridad Portuaria de Gijón. El Ejecutivo que preside Vicente Álvarez Areces nombró al presidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach, y tiene varios consejeros en el Puerto. Blanco autorizó un préstamo de 215 millones para hacer frente al desfase portuario gijonés.
También Unión, Progreso y Democracia (UPyD) mostró ayer su «más rotundo desacuerdo» con la decisión del PSOE de no autorizar una comisión de investigación en el Parlamento asturiano para la depuración de responsabilidades en torno a los sobrecostes de El Musel.
UPyD recordó al PSOE que no existe «limitación alguna por motivos de ámbito competencial» en las peticiones de creación o comparecencia en las comisiones de investigación, ya que el reglamento de la Junta del Principado alude intencionalmente, de manera extensa, a «cualquier asunto de interés público para la comunidad autónoma», siendo éste el instrumento político idóneo para depurar las responsabilidades que puedan haberse originado en el ámbito de la comunidad».
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