El debate sobre los fondeaderos para buques con mercancías peligrosas en situación de emergencia sigue abierto. Los expertos recomiendan la utilización de puertos «sucios», es decir, que se han especializado en el movimiento de minerales, como es el caso de El Musel. Y, además, proponen dársenas exteriores, que estén operativas todos los días del año y que ofrezcan calados importantes. El superpuerto que se construye en Gijón satisface todos esos requisitos.
El PP aprovechó la sesión de control al Gobierno para denunciar que la gestión de la ampliación de El Musel está plagada de «muy graves irregularidades». Una acusación ante la que el ministro de Fomento retó a Pardo a que presente con urgencia una denuncia en el Juzgado. «No puede venir aquí a hacer acusaciones graves y no sostenerlas ante quien tiene la responsabilidad de poder juzgarlas», respondió Blanco, para quien el PP no está legitimado «para dar lecciones de transparencia en la contratación pública». Tiró de los ejemplos de la obra del puerto de Sagunto, con un sobrecoste de más del 40 por ciento, o el del tramo de Lieres de la A-64, con una desviación presupuestaria del 56 por ciento, según los datos del Ministro. Éste hizo hincapié en que este desfase se produjo con un Ejecutivo del PP, en referencia a que Francisco Álvarez-Cascos era el responsable de Fomento.
Pardo, que destacó el apoyo de su partido a la obra del superpuerto y recordó su génesis como «proyecto del Gobierno del PP», hizo un repaso a la historia de un sobrecoste que supone el 43 por ciento del precio en que fue adjudicada la ampliación: 580 millones, a los que se deben añadir los 216 millones (sin IVA) de la desviación económica. La diputada hizo varias puntualizaciones y exigió a Blanco respuestas a algunas incógnitas: ¿Por qué se adjudicó la obra a la oferta más cara y por qué no se utilizó la cantera de Aboño, sobre la que existía, según parece, un previo acuerdo entre la Autoridad Portuaria de Gijón y HC Energía? Y lo que es importante: «Se sabe que la unión temporal de empresas (UTE) adjudicataria tenía previsto presentar un modificado para compensar el déficit de licitación». La adjudicataria fue la UTE Dique Torres, grupo empresarial encabezado por firmas de ACS. La constructora de Florentino Pérez también se hizo con los trabajos del dique exterior de La Coruña, proyecto que acumula un sobrecoste mayor que el de El Musel, 283 millones.
Pardo hizo aún otra dura acusación: «La Autoridad Portuaria de Gijón ha estado certificando obra con cargo al modificado que no estaba aprobado; si esto es así, es ilegal». La Dirección General de Mercado Interior de la CE ha emitido un informe por el proceso seguido en El Musel y donde asegura que los trabajos afectados por la modificación presupuestaria a que ha obligado el sobrecoste debieron salir de nuevo a licitación.
Blanco calificó de «escandalosa» la intervención de Pardo y resaltó que la CE «aún no ha retirado las subvenciones» para El Musel. «El interés general aconsejaba acabar la obra lo antes posible», indicó. Hizo referencia a que la gestión económica del superpuerto ha pasado las auditorías de la Abogacía del Estado y del Tribunal de Cuentas. Hay una denuncia pendiente de resolución en la OLAF, la Oficina Antifraude de la UE. El Ministro reiteró las explicaciones conocidas de que el sobrecoste se produjo por no poder utilizar la cantera prevista, la de Aboño, y por el incremento del precio de la gran cantidad de piedra y áridos necesarios para los nuevos diques y rellenos. También culpó a los temporales de 2006 y 2007 y a las mejores técnicas introducidas en la obra como causantes del sobrecoste, aunque se sabe que la incidencia de estos dos factores fue menor.
El también diputado del PP Isidro Fernández Rozada protestó al no concederle la palabra la presidenta en funciones de la Cámara, Teresa Cunillera. Rozada insiste, contra lo que dice Blanco, que pidió documentación del sobrecoste, no ir a la sede del Puerto a examinar esos informes.
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