A. RUBIERA
José Sabino González podrá cerrar, por fin, la carpeta de documentación que abrió hace años con el nombre de «padres desconcertados». Contiene todo lo que dio de sí la larga batalla contra la Consejería de Educación que en el curso 2001 emprendieron varias familias con hijos escolarizados en la Inmaculada, que se vieron afectados por el recorte de plazas decretado en ese momento por las autoridades del Principado para varios colegios religiosos. González es el padre de uno de aquellos alumnos que, tras cursar los tres años de Infantil en los jesuitas, se quedó sin plaza en Primaria por unilateral decisión administrativa. Es, también, uno de los beneficiarios de la indemnización de 150.000 euros (9.000 euros para cada progenitor, cinco padres y cinco madres, y 12.000 euros para cada niño) que deberá abonar la Consejería por los daños morales y psicológicos que, según el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, les causó aquella larga batalla escolar.
«Creíamos que teníamos derecho, que nos debían una compensación económica por todo lo que habíamos sufrido. Y se ha visto que era así, que teníamos razón. Eso nos deja satisfechos», sostiene González. Habla a título personal -ya que la mayoría de los padres prefiere el anonimato-, pero «ése era el sentir de todos» cuando empezaron una lucha cuya batuta legal la ejerció el abogado Mario Argüelles, padre afectado y ahora igualmente beneficiado.
Ambos hablan de la «satisfacción general» por la segunda victoria lograda contra la pesada maquinaria de la Administración. «Es una doble victoria; la primera la tuvimos cuando el Supremo nos dio la razón en que el recorte de aulas era nulo, porque se vulneraba un derecho fundamental, y eso permitió el regreso de los niños a las aulas. Ahora tenemos la económica, por los daños psicológicos y morales que nos causaron. Han transcurrido ocho años y el paso del tiempo hace que tiendas a olvidar todo lo malo, pero lo cierto es que lo pasamos mal, y los niños también, que lloraban por tener que cambiar de colegio, y luego también sufrieron con el segundo traslado», recuerda Sabino González.
A él tampoco se le olvidan las mil opiniones que se vertieron en la ciudad y las críticas que sufrieron por exigir una plaza escolar en un centro concreto y por llevar al extremo su pleito. Incluso escolarizando a sus hijos en un aula «ilegal» de la Inmaculada -ya que no estaba reconocida oficialmente por la Administración-. «Se nos llegó a insultar, se nos tachó de todo tipo de cosas: de ser unos locos, de caprichosos, de malos padres porque podíamos dejar a nuestros hijos sin libro de escolaridad, lo cual era una barbaridad; decían que nos podían quitar la custodia de nuestros hijos... No éramos nada de eso. Somos gente razonable y normal que queríamos lo mejor para nuestros hijos, y cuando sentimos que se les hacía un daño injusto, saltamos», cuenta. Coincide con Mario Argüelles en lamentar «la prepotencia de la Consejería, su soberbia y su poca mano izquierda; sin eso no hubiéramos llegado tan lejos».
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