Esta vez los padres de la Inmaculada no han tenido que llegar hasta el Supremo para lograr su indemnización. Pese a que el Consejo Consultivo del Principado reconoció hace varios años en un informe oficial que se les debía una compensación económica por el daño causado por la mala decisión de recortar un aula escolar de los Jesuitas, finalmente tuvieron que pelearlo judicialmente. La sentencia del TSJA ya es firme porque contra ella no ha recurrido el Principado. «Erré en mis cálculos; yo decía que igual para cuando nuestros hijos fueran a Bachillerato se resolvía el tema en el Supremo. Por primera vez la Consejería ha obrado con un poco de cabeza. Sabían que iban a perder y han hecho bien ahorrando unos gastos al contribuyente», dice Sabino González.
Mario Argüelles, sin embargo, lamenta que se haya tenido que llegar hasta el TSJA. «La Consejería erró dos veces. La primera recurriendo hasta el final el tema del recorte, y ahora queriendo taparse los ojos de la indemnización que nos debía. Debían haberlo afrontado antes», dice el abogado. Eso habría supuesto un ahorro al Principado, ya que «se le ofreció un arreglo por 15.000 euros por familia y ni lo estimaron. Ahora ha sido el doble. A mí me parece poco; de hecho, pedíamos más. Pero lo damos por bien empleado. Está bien», reconoce González.
Sobre todo, ambos lo dan por bueno «si sirve de precedente para que no se vuelva a actuar así, demostrando tanta intransigencia y tan poca consideración con los ciudadanos».
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