C. J.
«No quiero ir con mamá, prefiero ir a un centro de menores». Las palabras de D. D. E. relatan el infierno de un niño que, próximo a cumplir los nueve años, vivió en su propia casa. El pequeño ha tenido una infancia salpicada de malos tratos y una inestabilidad emocional muy grande. Su tíos María Luisa Osorio y Claudio Espina lo recogieron en su casa porque sus padres, toxicómanos, se desentendieron de él siendo un bebé y también de su hermana menor. Pasado un tiempo, en vista de que la Consejería de Bienestar Social nunca formalizó el acogimiento del niño (su hermana fue acogida por los abuelos paternos), se vieron señalados por los progenitores: «Dijeron que el niño estaba ilegal en nuestra casa», cuenta María Luisa.
Desde entonces se han sucedido toda una serie denuncias y acusaciones, de un lado, y súplicas, de otro, para recuperar aquella situación de acogimiento que un día asumieron María Luisa y Claudio para alejar al pequeño D. D. E. de la situación de insalubridad que vivía con sus propios padres en un piso del barrio de Portuarios. Las recaídas continuas de éstos en la droga prorrogaron su estancia en el domicilio de sus tíos, pero a finales de 2007 el juez permitió visitas tuteladas cuando ambos pasaron a rehabilitarse de su adicción, visitas que después pasaron a ser pernoctas y que se convirtieron en el infierno de D. D. E., quien llegó a confesar ante la juez que instruye el caso que «casi todos los días» le «pegaban». Sus tíos avalan con informes médicos y las correspondientes denuncias en el Juzgado que fue sometido a todo tipo de abusos. «Se emitió un informe, se envió el parte médico al Juzgado, pero los forenses dicen que no pueden determinar si el niño sufrió abusos. ¿Qué más pruebas quieren?», se lamenta María Luisa, quien pide que se mantenga la suspensión del régimen de visitas a los padres. «Ahora dicen que la madre está bien y me lo quieren quitar», prosigue en su relato.
El pasado viernes recibían una comunicación de la Consejería de Bienestar Social por la que se les indica que hoy mismo deberán entregar el niño a la procuradora del menor. «No puedo permitirlo, está escolarizado y desde que no ve a los padres está muy centrado. Por cuenta de todo esto no aprendió a leer hasta que tenía ocho años. Tiene terror a la oscuridad y me suplica que no lo lleve con la madre», concluye María Luisa.
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