C. J.
La organización no gubernamental Identidad para Ellos intervino en el caso de D. D. E. para denunciar la situación a la que estaba expuesto el pequeño. Con el fin de atender los derechos del menor sugirieron a la familia que tenía en acogida al niño que levantasen acta notarial de la realidad de sus progenitores, ambos toxicómanos, según el relato de la familia Espina-Osorio. «El niño no quiere oír hablar de ellos. Con tres año vivió un calvario. Con cuatro años apenas pesaba nueve kilos, y tuvo problemas de aprendizaje por estar sometido a una situación de inestabilidad muy grande», explica su tía.
Si no entregan hoy al pequeño, «nos dicen que se lo llevarán por una orden forzosa, la Policía, mañana». María Luisa sostiene que una de las órdenes de alejamiento que dictó el Juzgado de instrucción número 4 de Gijón contra sus padres todavía es firme. «Si supiera que va a estar en perfecto estado, se lo entregaba hoy mismo, pero sé que no es así», añade. La familia presentará un recurso ante la Consejería de Bienestar Social con objeto de prorrogar la estabilidad que le han aportado al pequeño durante todo el período de acogimiento.
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