Política a mares

El viento de la política sopla sobre la ampliación de El Musel, la mayor obra presupuestada en Asturias y el escenario de un enconado pulso que deshace alianzas, fragua nuevos e insólitos compromisos y deja sobre el tapete de la disputa la sensación de que el futuro superpuerto nace sobre un reñidero en el que casi nada está claro. A la larga polémica por el sobrecoste de 216 millones (sin IVA) que arrastran los trabajos, se añade ahora el frente abierto por el ministro de Fomento, José Blanco, tras anunciar en la tribuna del Congreso, el pasado miércoles, un plan de la Comisión Europea (CE) para hacer de la terminal gijonesa un puerto de refugio preparado para gestionar catástrofes como la del «Prestige», el petrolero que causó una «marea negra» en Galicia y el Cantábrico en noviembre de 2002.

Según confesó Blanco, el firme defensor de esta propuesta es nada menos que el vicepresidente de la CE y comisario de Transportes, el italiano Antonio Tajani. El titular de Fomento y «número dos» del PSOE se hacía eco, en el Parlamento español, del plan de un político muy ligado a Berlusconi (fue uno de los fundadores de Forza Italia) y considerado uno de los líderes del Grupo Popular en el Parlamento Europeo.

Una extraña coincidencia política que nadie ha explicado todavía. Fomento ha tenido que salir a completar el anuncio hecho por Blanco en la sesión de control al Gobierno y mientras respondía a la interpelación de Pilar Fernández Pardo, diputada por Asturias del PP. Según el Ministerio, El Musel sólo será puerto de refugio para buques con mercancías peligrosas y en situación de emergencia si hay consenso y no se produce rechazo social.

Pero la más dura oposición al proyecto de Tajani, revelado por el socialista Blanco, ha venido de los correligionarios del eurocomisario; es decir, de las filas del PP. ¿No consultó el comisario de Transportes y vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo a sus compañeros de militancia? Si hacemos caso a las respuestas que se han registrado en Asturias, parece que no.

Tras publicar este diario las intenciones de Tajani, transmitidas por Blanco en sede parlamentaria pero sin ser el objeto central de su intervención, el presidente del PP de Asturias, Ovidio Sánchez, despachó un duro comunicado en el que acusó al PSOE de querer hacer del principal puerto asturiano y de Gijón un «almacén de chapapote». En realidad, quien apadrina la propuesta, con la anuencia del Gobierno de Zapatero, según Blanco, es el responsable de Transportes de la CE y vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo. Los europarlamentarios socialistas españoles, en una decisión política poco entendida por parte de la izquierda europea, ya dieron su voto al conservador Durão Barroso para que volviera a presidir la CE.

El alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, ha sido otro de los políticos del PP que ha emplazado sus baterías contra los socialistas por alentar la iniciativa para hacer de El Musel un puerto refugio. Ha mostrado su solidaridad con los gijoneses y rechazado que su dársena se convierta en «el vertedero donde paren el galipote, los productos químicos y tóxicos que se pierdan por Europa».

El portavoz de IU-BA-LV, Jesús Iglesias, ha subrayado que no hay argumentos con la suficiente contundencia para convertir Gijón en puerto de refugio y ha manifestado que la terminal idónea para un destino de esas características es la de La Coruña. Las costas gallegas, con varias catástrofes ecológicas en los últimos años por buques siniestrados, soporta uno de los mayores tráficos mundiales de petroleros. Iglesias es el líder en la Junta General de la coalición de partidos que gobierna en Asturias con los socialistas. Pero el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, quien en los últimos años no se ha cansado de repetir que El Musel será un gran polo energético a partir de la regasificadora adjudicada a Enagás, aún no ha dicho una palabra sobre el plan de Tajani, expuesto por Blanco y acogido sin asombro por los socialistas.

Del Gobierno de Areces forman parte Los Verdes, la formación que denunció en Bruselas el sobrecoste de la ampliación portuaria gijonesa y ha arrojado sombras de duda, cuando no muy duras acusaciones, sobre la gestión económica del superpuerto. La obra costará, finalmente, 715,6 millones (sin IVA) y obliga a la Autoridad Portuaria de Gijón a hacer frente a una deuda de 468 millones. Desde El Musel se ha resaltado que esa denuncia provocó el informe de la Dirección General de Mercado Interior de la CE, un varapalo por la tramitación que hizo el Puerto de la modificación presupuestaria a la que obligó el sobrecoste. Todo hace indicar que, con ese documento en la mano, la CE negará nuevos fondos de cohesión para la obra junto al Cabo Torres.

Los Verdes han logrado, sin duda, un éxito político en Bruselas (aún falta por resolver otra denuncia interpuesta por Europa de los Pueblos en la Oficina Antifraude de la UE), pero continúa en el Gobierno del Principado pese a que el Ejecutivo de Areces ha apoyado hasta ahora, sin fisuras, la gestión de la Autoridad Portuaria y la de su presidente, Fernando Menéndez Rexach. Éste fue nombrado por Areces, a quien la Junta General le ha pedido, con los votos del PP e IU-BA-LV, la destitución del máximo responsable de la terminal gijonesa.

Los socialistas asturianos no han rechazado en cambio, hasta ahora, el plan del «popular» Tajani para El Musel. Tan sólo el primer teniente de alcalde y secretario general del PSOE de Gijón, José Manuel Sariego, ha pedido calma y prudencia para estudiar un asunto de importantes repercusiones para la ciudad. Y lo hizo después de que unas manifestaciones de la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, consejera a su vez de la Autoridad Portuaria, pudieran interpretarse como un apoyo a la propuesta esbozada por el titular de Fomento. El delegado del Gobierno en el Principado, Antonio Trevín, ha dicho que un puerto de refugio contribuiría a modernizar El Musel y a la posibilidad de obtener más recursos económicos.

El comisario de Transportes necesita que algún país europeo apoye a la CE en su búsqueda de puertos de referencia en caso de catástrofe marítima. El aumento del tráfico de buques con mercancías peligrosas así lo aconseja. Pero Tajani ha encontrado hasta la fecha poco entusiasmo en los veintisiete estados comunitarios ante una iniciativa que choca con el temor a lo que lleva aparejado acoger, en un puerto, un buque con carga contaminante y en peligro de ir a pique. Fomento se planteó hacer de La Coruña un puerto de refugio tras el «caso Prestige». Desistió, entre otras razones, por la falta de normativa internacional clara.