J. MORÁN
Francisco Álvarez-Cascos ha pedido al PP nacional que inicie un expediente disciplinario contra Pilar Fernández Pardo, como presidenta del PP de Gijón y supuesta responsable de que una colección de cartas y documentos del ex ministro -depositados en la sede de la plaza del Instituto- acabaran en un contenedor de escombros, el pasado mes de abril.
Cascos agrega en su solicitud al Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP que «con urgencia ordene una auditoría de la sede local de Gijón, dando audiencia a los responsables locales anteriores». La finalidad sería la de «conocer el alcance de la destrucción y pérdida total del archivo documental del partido que realmente haya sido enviado a la basura».
Este es el segundo paso que el ex ministro ha dado en contra de la presidenta gijonesa, ya que previamente había presentado una denuncia contra ella ante la Agencia Española de Protección de Datos, por «una infracción muy grave» contra la protección de datos de carácter personal contenidos en cartas de los años 1979 y 1980, cuando Cascos era consejero regional del ente preautonómico de Asturias.
Por su parte, «la dirección del PP de Gijón» difundió ayer una nota de prensa en la que «niega rotundamente que se haya depositado en ningún contenedor documento alguno que proceda de su sede local».
Al mismo tiempo, la nota explica que «en la sede del partido no obra, al menos desde que es elegida la dirección del mismo, en el congreso celebrado en 2003, documentación ni correspondencia privada que pertenezca a Francisco Álvarez-Cascos». Ello es así porque, según la dirección del PP gijonés, «toda la documentación que en aquel momento se refería a Álvarez-Cascos fue retirada de esta sede por el entonces presidente del PP de Gijón, Isidro Martínez Oblanca, "persona de su confianza en Asturias"». Además, «el PP de Gijón tiene contratado un servicio que presta una acreditada empresa especializada, para la destrucción de documentos, lo que es realizado bajo su responsabilidad y con su formal garantía», concluye el comunicado.
No obstante, Álvarez-Cascos insiste en su escrito al Comité Nacional de Garantías que lo sucedido en Gijón fue «el zafio, vandálico e inaudito procedimiento de tirar a la basura los archivadores, carpetas y demás documentos».
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