La Dirección General de Tráfico firmará próximamente un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias mediante el que se pretende fomentar las «zonas 30» y, de esta manera, disminuir la siniestralidad en las calles. El acuerdo podría afectar al 80 por ciento de las calles, según informó ayer la agencia «Efe».
La directora del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, Anna Ferrer, asegura que la DGT pretende consensuar con las administraciones locales este nuevo plan para que los responsables municipales se impliquen de forma «decidida» en la seguridad vial.
Ferrer señala que las nuevas limitaciones de velocidad se establecerían, sobre todo, en las calles de barrio en las que los conductores van más «relajados». «La calle no es del vehículo que va transitando, sino de los ciudadanos, de los peatones, y ahí el vehículo tiene que saber que es el último de la fila».
En el caso concreto de la ciudad de Gijón, la concejala de Seguridad Ciudadana, Begoña Huergo, reconoció que el Ayuntamiento «se encuentra estudiando varias posibilidades» pero evitó referirse a ejemplos concretos asegurando que, de momento, los proyectos se encuentran tan sólo en fase de estudio.
El objetivo común de las instituciones pasa por la reducción de los accidentes. En este sentido, el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, denunció en el encuentro de ciudades para la seguridad vial la escasez de las indemnizaciones que se pagan a las víctimas de los accidentes, que «se quedan cortísimas». El representante del ministerio público pidió una actualización del baremo de las indemnizaciones, algo que ya había señalado en la memoria de su institución correspondiente al año 2008.
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