La plataforma aporta nuevos documentos al juez para probar que Blanco «no actuó solo»

Miriam SUÁREZ

La Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 5 una nueva documentación sobre el llamado «caso Blanco». Las pruebas aportadas por este colectivo, personado en la causa como acción popular, pretenden demostrar que el ex arquitecto jefe municipal «no actuó solo en Cabueñes» y el Ayuntamiento llegó a «cometer fraude de ley en su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para favorecer la recalificación» de 254.000 metros cuadrados de suelo rústico en la parroquia.


Dentro de ese ámbito se incluyó una parcela con la que Ovidio Blanco y la firma Hoyant S. L. habían realizado varias operaciones de compraventa. La finca acabó reportando al ex arquitecto jefe del Ayuntamiento un beneficio de 600.000 euros. El juez Juan Laborda investiga ahora el asunto, después de que la Fiscalía considerase que hay indicios de tres posibles delitos: cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. De los siete interrogatorios practicados hasta la fecha, el de Luis Felipe Alonso Teixidor, redactor del PGOU que recalificó Cabueñes, ha sido uno de los «más clarificadores» para la Plataforma.


Su testimonio ha dado lugar al informe -con fechas, documentos oficiales y planos- que la Plataforma presentaba este jueves en el juzgado que instruye el «caso Blanco». El magistrado Juan Laborda ha desestimado su petición de que se llame a declarar a la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso; al ex concejal de Urbanismo, Jesús Morales; y a su sucesor en el cargo, anteriormente edil de Hacienda, Pedro Sanjurjo. Según la declaración de Alonso Teixidor, fue con ellos con quienes despachó los cambios del PGOU relacionados con la zona rural.


La documentación de la Plataforma pone en entredicho la «agilidad excelsa» de algunos de los procesos de información pública convocados durante la tramitación del PGOU, algo que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ya observa en las sentencias anulatorias que ahora pesan sobre el Plan Urbano gijonés. Llama la atención sobre el interés que el Ayuntamiento tiene por Cabueñes «ya desde julio de 1991, siendo alcalde Vicente Álvarez Areces»; interés que terminó en un pleito con los llevadores de la finca conocida como de Xicu Piñera, anexa a los terrenos que meses después adquirirían Ovidio Blanco y Hoyant. Y también justifica ampliamente la importancia de que sean llamados a declarar Fernández Felgueroso, Morales y Sanjurjo.