Miriam SUÁREZ
Los siete interrogatorios practicados por el juez del «caso Blanco» no han sido suficientes para despejar las sospechas que planean sobre el ex arquitecto jefe del Ayuntamiento. La investigación proseguirá con las declaraciones de Josefa Sánchez y María Luisa García, casadas con los dos socios de Hoyant S. L. Esta empresa fue la que vendió a Ovidio Blanco la finca de Cabueñes que ha desencadenado todo este proceso judicial.
El ex arquitecto jefe municipal ganó 600.000 euros con esa finca, convertida en suelo edificable por el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Blanco compró el terreno a Hoyant en marzo de 1992, se lo volvió a vender en noviembre de 1998 y se lo recompró en junio de 2004, cuando ya se sabía que la parcela iba a ser recalificada y él había cogido la excedencia como funcionario municipal. La Fiscalía detecta indicios de tres posibles delitos -cohecho, uso de información privilegiada y tráfico de influencias- en esta sucesión de operaciones.
Josefa Sánchez, la mujer de Horacio Costales, administrador de Hoyant S. L., tendrá que prestar declaración sobre este asunto el próximo 10 de noviembre. Un día antes, el 9 de noviembre, se requerirá a María Luisa García, viuda de su socio Antonio Cueto, para que aclare cuestiones relacionadas con la forma de pago de las compraventas realizadas con Ovidio Blanco. Para ella, ésta será la segunda vez que tiene que dar explicaciones sobre el «caso Blanco».
Tanto Josefa Sánchez como María Luisa García comparecen a petición del PP, que está personado en la causa como acción popular, al igual que la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes. Este colectivo presentaba la semana pasada en el Juzgado de Instrucción número 5 de Gijón un amplio informe, mediante el que se pretende probar que las recalificaciones de Cabueñes «no fueron una casualidad». Apoyándose en esta nueva documentación, los vecinos creen justificado que también se cite a declarar a la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, al ex concejal de Urbanismo, Jesús Morales; y a su sucesor, Pedro Sanjurjo, antes edil de Hacienda. El juez, de momento, lo ha descartado.
El informe de la Plataforma pone en cuestión desde la segregación de la finca que Hoyant vendió a Ovidio Blanco hasta la información pública previa llevada a cabo en la tramitación del PGOU. «Se abrió el 19 de diciembre de 2003 y en ella figuraba un plano con las calificaciones del terreno, en el que sorprendentemente figura la fecha de 2004», denuncia la Plataforma. Esto es, «posiciones urbanísticas como de la recalificar Cabueñes ya estaban muy definidas antes de la información pública previa», fase en la que se recibieron 370 sugerencias ciudadanas, que fueron resueltas «en sólo cuatro días hábiles».
Los miembros de la Plataforma de Cabueñes, donde está prevista la construcción de 655 viviendas, también aportan datos sobre «la ilegalidad de que el Ayuntamiento (que controla el 18 por ciento del ámbito de actuación) intervenga en esta operación como promotor». Y cuestionan igualmente el hecho de que «Cajastur se haya incorporado al proyecto, a través de la sociedad Beyos y Ponga», que se hizo cargo del terreno que las promotoras Promosa y Nozar tenían en la zona.
- Hoyant S. L. adquiere en diciembre de 1991 la finca La Llosona en Cabueñes.
- En marzo de 1992, le vende una parte de 2.491 metros cuadrados a Ovidio Blanco y a su mujer. La segregación del terreno no se legaliza hasta julio.
- Blanco le revende esa misma finca a Hoyant en noviembre de 1998. Se alega que la empresa quería solicitar la recalificación del terreno y el hecho de que Blanco fuese arquitecto jefe del Ayuntamiento les perjudicaba.
- El 31 de diciembre de 2003, con el PGOU ya perfilado, Blanco coge la excedencia como funcionario municipal.
- En junio de 2004, vuelve a comprar a Hoyant los 2.491 metros de La Llosona. Ya se sabía que ese terreno iba a recalificarse como edificable. La promotora Urbis le paga 617.000 euros.
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