J. L. A.
El Partido Popular (PP) decidirá si denuncia en el Juzgado la gestión económica de la ampliación de El Musel, una obra que acumula un sobrecoste de 216 millones (sin IVA), en función de las conclusiones del informe que emitirá la OLAF, la Oficina Antifraude de la Unión Europea (UE), según manifestó ayer su presidenta en Gijón y diputada por Asturias, Pilar Fernández Pardo.
«Ese informe es importante para conocer elementos fundamentales del expediente», explicó la parlamentaria, quien responsabilizó a los socialistas de impedir el pasado martes, al votar en el Congreso de los Diputados en contra de la moción presentada por los populares, el acceso a la información completa de la ampliación de El Musel. Pardo recordó que el voto del PSOE se suma a la negativa del presidente del Puerto, Fernando Menéndez Rexach, a entregarle la documentación que solicitó: «Me la denegó».
Los socialistas han retado al PP hasta en dos ocasiones (la última el pasado martes, en el Pleno del Congreso, a través de Rafael Simancas) para que lleve ante el juez el sobrecoste de El Musel si considera que hay, como ha denunciado, posibles irregularidades. Rexach ha anunciado una querella de la Autoridad Portuaria contra el vicesecretario de comunicación de los populares, Esteban González Pons, si éste no se retracta de una declaraciones en el programa de TVE «59 segundos» en las que equiparó la gestión de la ampliación de la terminal gijonesa con el «caso Palma Arena», una investigación de la fiscalía anticorrupción por la que se ha visto imputado, entre otros, el ex presidente balear Jaume Matas, dirigente del PP.
El PP espera el informe de la OLAF, aunque quien denunció el sobrecoste de El Musel ante la oficina antifraude de la UE fue Andecha Astur a través de Mikel Irujo, eurodiputado de la formación Europa de los Pueblos. Antes Los Verdes, grupo coaligado con IU y BA que forma parte junto con los socialistas del Gobierno asturiano que preside Vicente Álvarez Areces, llevaron sus críticas por el superpuerto y la desviación presupuestaria hasta la Comisión Europea (CE). La dirección general de Mercado Interior ha redactado un informe en el que subraya que la tramitación del sobrecoste fue irregular. Este órgano de fiscalización de la CE considera que la Autoridad Portuaria debió sacar a concurso de nuevo, para no vulnerar las normas de competencia empresarial, la obra afectada por la desviación presupuestaria del superpuerto.
Pardo calificó ayer de «incongruente» la posición de IU de Asturias, socios de Los Verdes: «Denuncian irregularidades, pero luego ponen objeciones para constituir, por ejemplo, una comisión de investigación en la Junta General (del Principado)».
La diputada señaló que el PP apoya la ampliación de la principal dársena asturiana, pero quiere aclarar por qué se produjo una desviación económica del 43 por ciento sobre el presupuesto de adjudicación de la obra, que fue de 580 millones. «El expediente completo es una pieza clave; si hay culpables, que paguen», insistió.
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