J. M. C.
El Grupo municipal Popular (PP) del Ayuntamiento de Gijón anunció ayer, a través del concejal Pedro Muñiz, que llevará a los tribunales la decisión de la Junta de Gobierno (adoptada el pasado martes) de rechazar el recurso presentado por los populares sobre la licitación del servicio de asistencia técnica para el estudio de impacto ambiental de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que está anulado por varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
El PP presentará un recurso por la vía de lo contencioso-administrativo, al entender que hay que aplicar la Ley 9/2006 y no el Real Decreto 1/2008. En este sentido, Pedro Muñiz afirmó que «lo que queremos es que las cosas se hagan bien y evitar que dentro de un año o un año y medio algún ciudadano pueda recurrir el nuevo Plan General de Ordenación y gane en los tribunales». Es decir, siempre según el citado concejal de la oposición: «Si el juez dice que está bien, no habrá nada que objetar por nadie, pero si dice lo contrario, sólo perderemos cinco o seis meses en la tramitación» del nuevo planeamiento.
Pedro Muñiz abundó en la explicación al añadir que la decisión del PP de acudir a los tribunales «no es para perjudicar la tramitación del PGOU, sino para garantizar que no pueda haber resquicios abiertos para que un recurso de un ciudadano pueda anularlo».
La versión del equipo de Gobierno, como explicó el pasado martes del concejal socialista José María Pérez López, es que en el pliego de condiciones de la licitación de la asistencia técnica para el estudio de evaluación de impacto ambiental del planeamiento, se incluye que ésta debe realizarse conforme a la ley en vigor, lo que para la Junta de Gobierno es garantía suficiente de que el trámite se hará conforme a la ley.
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