El Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular ha designado a Ángel Fernández Díaz instructor del expediente informativo abierto por el partido para determinar si se cometió alguna irregularidad desde el PP gijonés al aparecer documentos personales del ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, «en un contenedor de escombros cerca de la sede del partido en Gijón», según señala el acuerdo del Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP al que este periódico ha tenido acceso.
Fernández Díaz, abogado madrileño, es secretario de Actas del PP y vocal del Comité Nacional de Derechos y Garantías que preside el salmantino Alfonso Fernández Mañueco, secretario general del PP en Castilla y León y consejero de Justicia de la Junta castellano-leonesa.
Fernández Díaz, que asumió la dirección de la asesoría jurídica del PP en 1999, gozará, según se explica en el acuerdo remitido a las partes el pasado 26 de octubre, «de los más amplios poderes y facultades para desempeñar dicha instrucción».
En el acuerdo, ratificado también por el secretario del Comité de Derechos y Garantías, Carlos Argos, se pide a los órganos colegiados y unipersonales regionales, «así como a los de Gijón», que colaboren con el instructor y faciliten su labor «al máximo posible».
La labor de este abogado madrileño, que se incorporó a la secretaría general del PP en 1993, será la de emitir un informe con las conclusiones y propuestas que estime pertinentes y remitirlo al comité para que este adopte «la resolución que resulte procedente».
La polémica por el destino de los papeles de Álvarez-Cascos que permanecían en la sede del PP de Gijón se recrudeció la pasada semana cuando el ex ministro denunció ante la Agencia Española de Protección de Datos al PP de Gijón por haber tirado a la basura un archivo que contenía datos personales. Los documentos fueron hallados el pasado abril por un vecino de Gijón en un contenedor de escombros junto la sede de los populares. El ciudadano que encontró los documentos y se los hizo llegar a Cascos es José Miguel Bernardo, militante de Izquierda Republicana, formación política que ayer reiteró en un comunicado que este militante no había sido expulsado del partido en Gijón.
Entre la documentación hallada en un contenedor próximo a la sede popular de la plaza del Parchís se encontraba diversa correspondencia de Cascos con distintas personalidades relevantes, como Manuel Fraga Iribarne, con el que fuera presidente del Gobierno de la República española en el exilio, Claudio Sánchez Albornoz, además de comunicaciones con responsables municipales e incluso correspondencia de índole familiar. El archivo pertenece a los años 1979 y 1980, según la versión del ex vicepresidente del Gobierno.
Por su parte, la presidenta del PP de Gijón, Pilar Fernández Pardo, desmintió rotundamente que los documentos de Cascos procedieran de su sede local y anunció medidas legales contra el gijonés que remitió los documentos al ex ministro.
Días después, el ex vicepresidente del Gobierno calificó de «grupito sectario», «sin escrúpulos» y «fuera del sistema» a la dirección del PP de Gijón y aseguró que el mayor castigo que pueden recibir es «que se conozca toda la verdad».
La fuerte polémica ha obligado a intervenir, a petición de Cascos, al Comité de Derechos y Garantías.
El presidente
Alfonso Fernández Mañueco (Salamanca, 1965) es licenciado en Derecho y secretario general del PP de Castilla y León, además de consejero de Justicia de esta comunidad autónoma.
El instructor
Ángel Fernández Díaz (Madrid) es abogado y se incorporó a la secretaría general del PP en 1993. En 1999 asumió la dirección de la asesoría jurídica y actualmente es secretario de Actas.
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