M. S.
El director general de Urbanismo, Guillermo Morales, se sumó ayer a la rueda de prensa convocada por los responsables de la zona logística para dar la cara por la actuación de la CUOTA. El hecho de que este órgano colegiado esté adscrito a la Consejería de Infraestructuras, cuyo máximo responsable es a su vez presidente del consejo de administración de la ZALIA, genera recelos entre los vecinos de San Andrés, que han puesto en duda repetidamente la imparcialidad de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio.
Ante sus dudas, Guillermo Morales explicó ayer que «dentro de la CUOTA se defienden los intereses públicos, por supuesto, pero también hay quienes defienden los intereses privados de las partes». En el caso del expediente expropiatorio de la ZALIA, «fue minuciosamente estudiado por un arquitecto de la Comisión, que analizó las valoraciones del terreno hasta la saciedad», aseguró este alto cargo del Principado, que forma parte del Pleno de la CUOTA.
Ni Morales ni tampoco Enrique Álvarez y Daniel Yuste quisieron hacer ayer «juicios de valor» sobre la tasación final de las expropiaciones. Sí se pronunciaron sobre el rechazo vecinal a un proyecto que está concebido como polo de atracción empresarial y complemento de la actividad portuaria: «Se parapetan detrás de reivindicaciones que, en realidad, tienen un trasfondo económico. Hay quien nos pidió 40, 60 y 160 euros por metro».
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