Miriam SUÁREZ
«Con el expediente expropiatorio hemos ido por el libro. El criterio de valoración lo establece la Ley del Suelo, que es de rango estatal; no lo definió ni el Principado, ni la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA), ni la ZALIA». Enrique Álvarez, director de la sociedad que promueve la futura Zona de Actividades Logísticas e Industriales, hacía ayer esta aclaración a raíz del revuelo vecinal que se ha formado en San Andrés de los Tacones por la valoración de los terrenos expropiados. «Nos vimos obligados a recurrir a la ley porque no se puede paralizar una actuación como ésta, que generará muchos puestos de trabajo, por el interés particular de unos cuantos propietarios», remarcó.
El suelo rústico está valorado en 2,99 euros y el no urbanizable de núcleo rural en 5,98. Esas cifras contrastan, y así lo han denunciado los vecinos, con los precios que ofreció la propia ZALIA a quienes se avinieron a vender sus parcelas voluntariamente. El metro cuadrado de suelo rural, en concreto, «lo pagamos a unos 15 euros», cinco veces más del precio de expropiación aprobado el pasado 30 de octubre por la CUOTA. «Una vergüenza», según la asociación vecinal de San Andrés. Sin embargo, para Enrique Álvarez y Daniel Yuste, también directivo de la zona logística, «es de sentido común que se pague menos por una expropiación que cuando se llega al mutuo acuerdo. Pensar en las multas».
La entidad promotora de la ZALIA -de la que forman parte el Principado, los ayuntamientos de Gijón y Avilés, y las autoridades portuarias de ambos municipios- ha logrado acuerdos con 85 familias de la zona, propietarias de un 80 por ciento del suelo afectado por la primera fase del proyecto. En este arranque, se ocupará una extensión de 107 hectáreas, aunque la ZALIA ya dispone actualmente de 135. En su adquisición, según Álvarez, «hicimos un esfuerzo económico de 23 millones de euros». Las parcelas urbanizables se llegaron a pagar a 30 euros por metro.
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