J. L. ARGÜELLES
Era una visita muy esperada por las incertidumbres que pesan sobre la obra de ampliación de El Musel, principal dársena asturiana y la segunda con mayores tráficos del Cantábrico. El presidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe, trató de despejar ayer, en su primer viaje al Principado como máximo responsable del sistema portuario español, algunas de esas incógnitas. Las más preocupantes y apremiantes: no hay motivo para pensar, ni sombra de duda, que la Comisión Europea (CE) exigirá la devolución total o parcial de los 247,5 millones en fondos de cohesión ya aprobados para los trabajos que se ejecutan al pie del cabo Torres; tampoco hay razones para creer que la CE cederá a las presiones de algunos eurodiputados, fundamentalmente holandeses, para reducir los 30 millones de subvenciones para la autopista del mar que unirá, a partir de los primeros meses de 2010, Gijón con Nantes-Saint Nazaire, en Francia.
«No tenemos ningún tipo de sospecha», respondió Laxe, a preguntas de este diario, sobre la posibilidad de que la CE reclame las ayudas comunitarias aprobadas para el superopuerto asturiano. El temor a una reclamación de esos fondos está ahí, después del crítico informe de la Dirección General de Mercado Interior de la CE sobre la modificación presupuestaria de la obra de El Musel. Ese documento ha supuesto un varapalo a la tramitación administrativa del sobrecoste de 216 millones (sin IVA) de la ampliación de la terminal gijonesa y ha obligado a Fomento a reconsiderar la financiación de los trabajos. El Ministerio ha optado por un préstamo de 215 millones, que el Puerto deberá devolver en treinta y siete años (siete de ellos de carencia), al instuir que la Dirección General de Política Regional no concederá los nuevos fondos de cohesión solicitados por España. Perder los ya aprobados, sería un revés muy serio.
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