J. L. ARGÜELLES
Los dos grandes proyectos portuarios del norte español, la ampliación de El Musel y la construcción del puerto exterior de La Coruña, han encendido las alarmas en la Comisión Europea (CE), que ha advertido al Gobierno de España de que desaprueba los instrumentos legales con los que se justifican las modificaciones presupuestarias que se han convertido en práctica habitual en la obra pública española.
Bruselas siempre ha mirado con recelo el artículo 202 de la ley de Contratos del Estado, un mecanismo al que han recurrido con frecuencia las constructoras españolas para solicitar incrementos económicos sobre el proyecto de adjudicación de obra cuando concurren «razones de interés público y para atender imprevistos». Es la base legal que utilizó la Autoridad Portuaria de Gijón, con el aval de la abogacía del Estado y el Ministerio de Fomento, para el modificado de 216 millones de la ampliación de su terminal, al pie del Cabo Torres, una operación que ha supuesto un sobrecoste del 43 por ciento del precio en el que se adjudicó el superpuerto asturiano. Los trabajos de la nueva terminal coruñesa, en Punta Langosteira, podrían acumular un incremento aún mayor, hasta 283 millones, el 65,96 por ciento del contrato, aunque habrá que esperar a conocer los detalles del plan de viabilidad de la dársena gallega. Grupos empresariales encabezados por ACS, la constructora de Florentino Pérez, se hicieron con ambos proyectos.
Hace tiempo que la CE tiene puesto el foco de su atención sobre la posibilidad que abre la legislación española de compensar los imprevistos, unas modificaciones que suelen alcanzar el 20 por ciento del precio de licitación, pero que pueden llegar al 50 por ciento con el visto bueno del Consejo de Ministros. Es sabido en el sector de la construcción que los modificados se utilizan, en numerosas ocasiones, para compensar ofertas que se plantean a la baja con el objeto de que las empresas se hagan con la obra. Numerosas compañías de otros países de la UE desisten de participar en los concursos españoles al no ver claro el mecanismo con el que pueden compensar el precio inicial a la baja. Es una práctica que Bruselas tiene bajo sospecha.
El caso de los sobrecostes de El Musel y Punta Langosteira, obras portuarias públicas que disponen de financiación europea a través de fondos de cohesión con cargo al período 2000-2006 (257,5 millones para la dársena gallega y 247,5 para la terminal gijonesa; el plan director del puerto de Barcelona logró otros 277,2 millones), ha dado pie a la CE para refrescarle al Gobierno de España sus muchas dudas sobre los mecanismos que facilitan, sin necesidad de una nueva licitación del proyecto modificado, los incrementos presupuestarios.
La advertencia de Bruselas ha llegado después de la tramitación que hizo el Ministerio de Economía para pedir nuevos fondos de cohesión, hasta 135 millones, con los que cubrir el sobrecoste de El Musel. Una muy dura denuncia contra la ampliación gijonesa, formulada por Los Verdes, ahora en el Gobierno de Asturias, motivó un informe de la Dirección General de Mercado Interior de la CE. Este organismo subraya en su documento, y lo hace con total claridad y contundencia, que la Autoridad Portuaria de Gijón debió licitar de nuevo la obra equivalente a los 216 millones de un sobrecoste que ha justificado por un «imprevisto»: la imposibilidad de cumplir con el plan de aprovisionamiento de canteras fijado en el plan de la obra.
Después de ese informe de Mercado Interior nadie espera que la Dirección General de Política Regional de la CE conceda nuevos fondos de cohesión para El Musel. Es más, ha habido una muy seria preocupación por si la CE llegaba a plantearse recortar las ayudas ya aprobadas. El presidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe, aseguró el pasado viernes, en Gijón, que no hay el más mínimo riesgo de perder esas partidas ya concedidas. El Musel ha cobrado de Bruselas el 80 por ciento de los 247,5 millones aprobados en diciembre de 2004 y recibirá el 20 por ciento restante después de octubre de 2010, cuando concluyan los trabajos del superpuerto. Pero la CE ha dejado claro que no está dispuesta a financiar «imprevistos» como los de El Musel y La Coruña.
