Un nuevo informe de Mercado Interior abre la puerta al recorte de subvenciones

Manuel CASTRO

Un informe de la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea, del pasado 15 de octubre, deja la puerta abierta para el inicio del trámite de la reducción de las subvenciones comunitarias ya concedidas para la obra de ampliación de El Musel, al considerar que hubo irregularidades en la adjudicación del proyecto a la unión de empresas liderada por Dragados. La apertura del procedimiento tendrá lugar en el plazo de unas semanas.

Este informe contrasta con las afirmaciones realizadas recientemente en Gijón por el presidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe, quien aseguró que no tenía motivo para pensar que la Comisión Europea vaya a exigir la devolución de la totalidad o parte de los 247,5 millones de euros concedidos para la obra de ampliación. Fuentes oficiales de la UE contradicen las palabras de González Laxe, al asegurar que la Comisión va a iniciar «en las próximas semanas un procedimiento bilateral con las autoridades españolas», que puede saldarse con «correcciones financieras», si bien «el resultado sólo se conocerá al final de procedimiento».

El informe que acaba de realizar Mercado Interior no es el primero que se refiere a El Musel. Fue este mismo departamento comunitario quien había detectado en su primer análisis del proyecto supuestas irregularidades en la adjudicación del proyecto, cuando estaba analizando la solicitud del puerto de nuevas ayudas para sufragar los sobrecostes de la obra. El último informe deja claro que los pliegos de prescripciones técnicas para contratar la obra no respetaron el principio de no discriminación y de transparencia, al imponer a los aspirantes el uso de la cantera de Aboño, uno de cuyos copropietarios es SATO, a su vez integrante de la UTE que resultó adjudicataria.

El reglamento que regula los fondos de cohesión señala que «la Comisión podrá reducir suspender o suprimir la ayuda destinada a la acción de que se trate, si se confirma la existencia de irregularidades o el incumplimiento de alguna de las condiciones indicadas en la decisión de concesión de la ayuda». En el caso de que se acabe ejecutando la corrección financiera, no está claro cuál será la cantidad que se reclamará.

Tras las conversaciones mantenidas por los representantes de España con la Comisión, el Puerto ha renunciado a solicitar la cofinanciación adicional de 135 millones de euros para pagar los sobrecostes, debido a que el modificado «viola claramente las normas de contratación pública de la UE», según señalan las fuentes consultadas por este periódico.