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Los demandantes se plantean recurrir también ante el Supremo

 
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M. S.
El Ayuntamiento de Gijón no será el único que recurrirá al Tribunal Supremo para defender su postura respecto al Plan General de Ordenación Urbana. Ricardo Fernández, uno de los demandantes, también piensa interponer recurso ante este órgano judicial de última instancia. Pretende, así, hacer valer sus reivindicaciones urbanísticas, en las que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias no ha entrado en detalle al considerar cuestiones más generales para sus sentencias de anulación.

El abogado Antonio García, autor de la denuncia que propició el primer fallo contrario al PGOU, tampoco descarta la opción de acudir al Supremo. García, que representa a tres colectivos vecinales y cinco particulares, lo estudiará detenidamente con sus defendidos, porque no en todos los casos es factible el recurso ante el Tribunal Supremo. Si se sigue esta vía, será para esclarecer cuestiones colectivas, que afectan a la seguridad jurídica del planeamiento.

El alto coste que suele tener un proceso judicial de este tipo podría echar atrás a la mayoría de vecinos o asociaciones que han conseguido poner en entredicho el PGOU a ojos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Portavoces vecinales lamentan estar «en inferioridad de condiciones» con respecto al Ayuntamiento, que ha puesto su defensa en manos de Luciano Parejo, uno de los expertos en derecho administrativo más reputados del país.

Parejo se encargará de responder al primer dictamen de anulación que recibió el Ayuntamiento de Gijón en relación al PGOU. Las 22 sentencias restantes se recurrirán a través de los servicios jurídicos consistoriales. La idea es que Luciano Parejo, ex rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y asesor del Ministerio de Vivienda en la redacción de la última ley del Suelo, abra el camino en el Supremo. Primero, tendrá que convencer al Tribunal para que admita a trámite los recursos del Ayuntamiento. Y, luego, argumentar que la tramitación del plan urbano gijonés se hizo adecuadamente.

- La primera sentencia anulatoria data del 16 de julio. Respondía a la denuncia formulada por una familia de La Pedrera.

- La última se notificó el pasado lunes y está motivada por otro recurso procedente de La Pedrera, en esta ocasión, de la asociación de vecinos.

- En total, el PGOU de Gijón acumula 23 fallos adversos. Y todavía quedan por resolver.

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