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Las diligencias continúan con una prueba pericial y más detalles sobre el pago de la finca

 
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M. S.
Josefa Sánchez tuvo que declarar ayer en los Juzgados de Poniente por petición del Partido Popular (PP), que está representado en el «caso Blanco» por el abogado y concejal Pedro Muñiz. La mujer del administrador de Hoyant S. L., sociedad de la que también formaba parte el ya fallecido Antonio Cueto, testificó durante apenas 25 minutos, siendo el suyo el interrogatorio más corto de todos los que se han realizado hasta la fecha. «No se acordaba de nada. No sabía nada», resumió Muñiz. «Es que hay testigos que sufren amnesia», ironizaba su colega Concepción Trabado, que también ejerce la acción popular, aunque en nombre de la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes.

La declaración de Josefa Sánchez no cerrará la fase de diligencias previas, ya que faltan por practicar algunas pruebas. El PP incide en la forma de pago y cobro de las distintas operaciones de compraventa, que tanto el gerente de Hoyant como la viuda de su socio Antonio Cueto han tenido que acreditar con papeles, aunque «a nosotros no nos lo hicieron llegar aún». Muñiz incluso ha solicitado al juez que pida detalles al banco en el que Ovidio Blanco dice haber tramitado los cheques con los pagó la compra de 2004. La viuda de Antonio Cueto, sin embargo, declaró en su momento que había recibido el dinero en metálico.

Por su parte, a la Plataforma le falta por hacer una prueba pericial sobre el nuevo ámbito edificable de Cabueñes, para lo que ya han solicitado al Ayuntamiento planos a escala de la zona, donde los vecinos pondrán en entredicho la teoría de que se recalificó la parroquia para cerrar la ciudad por el Este. Tampoco renuncian a su petición de que se cite a declarar a la alcaldesa, al ex concejal de Urbanismo y a su sucesor en el cargo. El juez lo desestimó inicialmente, pero la Plataforma ha recurrido su decisión, apoyado por el PP. «Con la adjudicación a Dolmen del documento de prioridades para la revisión del PGOU, Sanjurjo dijo que los criterios los marcaba la Corporación. Y con la recalificación de Cabueñes dicen que la decisión vino de Madrid, del equipo redactor del Plan», matiza Trabado.

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