M. S.
La Federación vecinal «Les Caseríes» ha sido uno de los colectivos que actuó de locomotora del proceso jurídico que desembocó en la anulación del PGOU. Aun así, la contestación del Tribunal Superior de Justicia de Asturias a su recurso se hizo esperar. Pero lo importante, según la presidenta de «Les Caseríes», es que «el tribunal nos ha dado la razón. Y, al dársela a la Federación, se demuestra que lo que pedíamos en las marchas verdes no era capricho».
Además de presidenta del movimiento vecinal de la zona rural, Soledad Lafuente lidera la asociación «San Julián» de Somió, que también optó por la vía del contencioso para intentar desmontar las líneas generales del PGOU. «Si nos hubiesen escuchado o se hubiesen molestado en leer las alegaciones que presentamos en su momento, el Ayuntamiento no estaría ahora en esta situación», incide Lafuente. Y agrega: «Avisamos de que iba a haber problemas con la tramitación del Plan, no nos hicieron caso y aquí están».
Constructores y entidades bancarias se mantienen a la expectativa. Coinciden en que, por mucho que el Ayuntamiento se esfuerce por ofrecer todas las garantías jurídicas, las sentencias anulatorias ralentizarán el desarrollo del PGOU. Los vecinos de la zona rural se reunirán este miércoles para analizar el nuevo escenario urbanístico.
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