Miriam SUÁREZ
Al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) le han llovido contenciosos desde todos los puntos de Gijón. Pero las bases del urbanismo local consiguieron mantenerse firmes frente al chorreo ciudadano hasta el pasado 16 de julio, cuando una familia de La Pedrera consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias declarase nulo el documento. A partir de entonces, las sentencias anulatorias se han sucedido, y ya suman 23.
De la parroquia de La Pedrera proceden los contenciosos que motivaron el primero y el último de los fallos desfavorables al PGOU. Si el primero se notificó en julio, el último -que daba respuesta al recurso interpuesto por la asociación de vecinos de esta parroquia gijonesa- se hacía público hace justo una semana. En ambos casos, la contestación del alto tribunal asturiano es que el Plan Urbano era contrario a derecho por irregularidades medioambientales y de tramitación.
Esta consideración es el punto de partida de todas las sentencias anulatorias que se han dictado desde el mes de julio hasta la fecha. Aunque no todos los contenciosos versaban sobre las generalidades de la normativa urbanística vigente ni pretendían tambalear sus pilares básicos. De hecho, en el lote que pasó por el Pleno municipal del mes de noviembre, la mayoría de los recursos tenían que ver con reivindicaciones particulares de propietarios de terrenos situados en Lloreda (Tremañes), el nudo de la Ronda Sur, Granda, Porceyo, La Providencia, Deva o Santurio.
Los problemas que se plantean son tan distintos como las coordinadas de situación de las fincas. Hay quien pone en entredicho las limitaciones de parcelación que le afectan; quien pide que su parcela sea recalificada para poder hacer un chalé; quien se opone al plan urbanístico previsto para su propiedad, o quien se ve en la circunstancia de tener una parte de su finca en suelo protegido y la otra en núcleo rural. Son las distintas caras de un conflicto que ha llevado al Ayuntamiento a revisar de oficio el PGOU, aunque sin renunciar a la opción de recurrir las sentencias anulatorias ante el Tribunal Supremo.
El coste de esos recursos, el primero de los cuales corre a cargo de Luciano Parejo, uno de los grandes especialistas en Derecho Administrativo del país, no ha hecho más que enervar los ánimos de una zona rural que organizó tres multitudinarias «marchas verdes» contra el PGOU. Ahora, en el terreno legal, se mantiene la batalla. Colectivos vecinales de Vega, Somió o Cabueñes no cesan en su empeño de poner en evidencia las deficiencias que tanto denunciaron durante la tramitación del Plan Urbano.
La Federación «Les Caseríes», que agrupa a las 25 parroquias gijonesas, también siguió la vía del contencioso y también ha conseguido una sentencia de invalidación. Su abogado, Antonio García, que defiende a otros colectivos y particulares, abrió fuego como representante legal de la familia de La Pedrera que marcó un antes y un después en el urbanismo de la ciudad. Pero otros muchos letrados han formulado recursos contra el Plan: Marcelino Abraira, Miguel Guisasola, Manuel Rodríguez, Ricardo Fernández, Rafael Antuña, José Vicente Vallín... Y todavía hay pleitos pendientes de resolver. Todo apunta a que se producirá «un efecto de arrastre».
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