CC OO y UGT pactan con Ia SEPI las garantías laborales para la plantilla de Juliana

Las federaciones sindicales del metal de CC OO y UGT pactaron ayer con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y con IZAR Construcciones Navales, S. A. en Liquidación la aplicación de las garantías laborales que cubrirán a los trabajadores que fueron transferidos a las empresas que adquirieron los activos de IZAR en los astilleros de Gijón, Sestao y Sevilla. Garantías que estaban previstas en el caso de que se produjera -como ha ocurrido- una eventual crisis en el proyecto industrial aportado por los compradores. El acuerdo significa, en la práctica, que los trabajadores de Juliana podrán acceder a las mismas condiciones de prejubilación que tuvieron sus compañeros del grupo IZAR en 2006.

Las soluciones acordadas ayer se orientarán, según informa la SEPI, «a la búsqueda de un nuevo empleo en la misma zona del Astillero, fuera de la misma o en algún Centro de Navantia». Esas condiciones, ya conocidas, abren la puerta a una posible vuelta al sector público de los trabajadores, recolocados en alguno de los centros de trabajo de Navantia, pero tendrá que ser fuera de Asturias.

Otra parte del acuerdo estipula que los mayores de 52 años podrán acceder a un plan de rentas, en los mismos términos que el ERE del año 2004, cuando tuvo lugar la reestructuración de IZAR.

Para el supuesto de que no sean de aplicación las anteriores garantías, se han acordado las cuantías de las indemnizaciones en base a la antigüedad de los trabajadores afectados.

Estos criterios se aplicarán por primera vez a los trabajadores de astillero de Juliana, al darse las circunstancias previstas para la aplicación del citado acuerdo del 2 de noviembre de 2006, que contemplaba unas garantías por si fracasaban los proyectos industriales en los que se embarcaban las factorías de IZAR.

Para quienes no será de aplicación ninguno de estos acuerdos será para varias decenas de trabajadores del astillero gijonés que entraron a Factorías Juliana tras su privatización, y a quienes no cubren las citadas garantías.

La Comisión de Seguimiento de SEPI/IZAR y los representantes de las federaciones de CC OO y UGT llevaban más de cinco meses negociando la aplicación de estas garantías una vez que el propietario del astillero de Juliana presentó la solicitud de concurso de acreedores, el pasado día 29 de mayo último.