Eloy MÉNDEZ
Los vecinos de la avenida de Portugal han intensificado en los últimos días su oposición a la construcción de las dos torres de doce plantas que jalonarán la futura intersección de las calles Puerto de San Isidro y San Crespo. Después de haber presentado 300 alegaciones a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permite levantar estos dos bloques en un espacio que originalmente estaba destinado a albergar equipamientos públicos, ahora han exigido al Ayuntamiento que desvele los usos de ambos inmuebles. Además, denuncian que el valor de sus pisos se reducirá sensiblemente una vez sea aprobada definitivamente la operación.
«Muchos vecinos han comprado sus viviendas hace unos cuatro o cinco años pensando que iban a tener un parque delante y ahora resulta que se encuentran con estos mastodontes», asegura Luis Lozano, presidente de la Asociación de Vecinos «Evaristo San Miguel». Por eso, el líder de este colectivo considera que «el Ayuntamiento ha engañado» a los propietarios, que pagaron una determinada cantidad «por unos pisos que ahora dejarán de tener vistas a la playa de Poniente y a la supuesta zona verde que se iba a construir».
Esta visión es la que Lozano y un grupo de presidentes de varias comunidades de vecinos de la avenida de Portugal hicieron llegar a miembros del gobierno local durante dos reuniones que mantuvieron la semana pasada. Unos encuentros de los que los vecinos «salieron muy poco satisfechos». «No tenemos muchas esperanzas de que nuestras peticiones sean escuchadas», asegura Lozano, que también pidió a los responsables de Urbanismo que concretaran los futuros usos de una de las torres de doce alturas, que será destinada a albergar equipamientos públicos. «Nos dijeron que una iba a tener usos residenciales, pero de la de usos públicos no nos aclararon nada, a pesar de ser un tema de mucha relevancia para el barrio», señala.
La modificación puntual del PGOU, aprobada el pasado mes de agosto, convirtió dos torres que inicialmente eran de quince alturas en otros dos bloques. Uno de ellos, que albergará oficinas privadas, se dividió en dos edificios de doce y dos alturas. El otro, destinado a equipamientos públicos, fue transformado en tres edificios de doce, dos y ocho alturas. «Todo esto se hizo sin contar con los vecinos y sin tener en cuenta que se diseñaba en una zona donde hay muchos edificios de reciente construcción», aseguran desde la Asociación de Vecinos «Evaristo San Miguel». Ahora, los afectados se aferran a que alguna de las alegaciones presentadas logre paralizar un proceso que se prevé largo.
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