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Las garantías de la SEPI

Vulcano acusa a la plantilla de boicotear los barcos de Juliana para prejubilarse

La firma viguesa baraja demandar a la SEPI, Izar, UGT y CC OO por pactar garantías para los trabajadores en caso de insolvencia del astillero

 
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Instalaciones de Factorías Juliana.
Instalaciones de Factorías Juliana. 

M. CASTRO
Factorías Vulcano, socio y administrador único del astillero gijonés Factorías Juliana, ha acusado a los trabajadores del astillero gijonés de boicotear la construcción de los buques sísmicos para provocar la insolvencia del astillero y así poder prejubilarse, conforme a los acuerdos de garantías para los trabajadores que suscribieron el 2 de noviembre de 2006 la SEPI, Izar, UGT y CC OO, en el proceso de privatización de tres astilleros del grupo Izar, entre ellos el de Gijón, que tras la venta pasó a llamarse Factorías Juliana. La empresa gallega baraja exigir judicialmente daños y perjuicios, al entender que aquel acuerdo modificó las condiciones de venta del astillero, cuyo contrato habían formalizado Vulcano y la SEPI tres meses antes.

Así lo explica Vulcano en un escrito que remitió el pasado mes de octubre al Juzgado de lo mercantil número uno de Oviedo, que es el juzgado en el que se tramita el concurso voluntario de acreedores de Factorías Juliana. La SEPI entregó Izar Gijón a Vulcano en diciembre de 2006, a cambio de 2,08 millones de euros. En octubre de 2008 Juliana hipotecó sus terrenos en El Natahoyo por 20,69 millones de euros y en mayo de 2009 entró en concurso de acreedores. El pasivo concursal provisional asciende a 61,53 millones de euros, con el riesgo de que esa cifra se incremente hasta en 150,62 millones más.

En el escrito remitido al Juzgado de lo mercantil, Vulcano señala textualmente: «El importante retraso en la construcción de los buques y las pérdidas que se han puesto de manifiesto son debidos a la actitud y actuación de gran parte del personal de Factorías Juliana -con honrosísimas excepciones-, que desde un principio se negaron a trabajar a un ritmo de producción mínimamente aceptable y lo que ha resultado peor: impidiendo que las empresas auxiliares pudieran desarrollar su trabajo con normalidad en los buques».

Vulcano añade a continuación que «la causa de esta situación era, simple y llanamente, que los trabajadores de Factorías Juliana habían alcanzado un acuerdo con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y su sociedad participada Izar en liquidación por el cual éstas se comprometían a prejubilar a los trabajadores mayores de 52 años o a recolocar a los más jóvenes, en el caso de que los contratos de trabajo en las sociedades que adquirían los astilleros de Izar se extinguiesen por insolvencia de aquéllas».

Vulcano no se limita a achacar una supuesta falta de colaboración de los trabajadores gijoneses para provocar retrasos en la construcción de los buques, sino que sostiene que encontró numerosos defectos de construcción en los dos barcos sísmicos cuyos cascos se hicieron en Gijón, el «Blue Arrow» (construcción 532) y el «Blue Sabre» (533), cuando los mismos se trasladaron al astillero vigués para su conclusión el pasado 13 de diciembre. La empresa gallega estima en 1,5 millones de euros el coste de las reparaciones hechas en Vigo en el «Blue Arrow» por las «obras defectuosamente ejecutadas en Gijón que la sociedad de clasificación del buque, Det Norske Veritas, fue poniendo de manifiesto». Aún no ha cuantificado los desperfectos que dice que también se provocaron en el «Blue Sabre».

Factorías Vulcano, que controló plenamente la gestión del astillero gijonés desde su privatización, declina cualquier responsabilidad en la insolvencia: «Los esfuerzos de los mandos del astillero y los refuerzos enviados desde Vigo de nada sirvieron y la presentación del concurso no es más que la constatación de lo que se veía venir».

Prejubilación directa

92 trabajadores de Factorías Juliana, mayores de 52 años, con el 76% del salario bruto.

Prejubilación en dos años

21 trabajadores de 50 a 52 años. Mientras, cobrarán el 70% de sus salarios en el paro.

Recolocaciones

36 menores de 50 años podrán volver al sector público.

Sin garantías

24 trabajadores contratados tras la privatización.

Despidos

Las garantías entrarán en vigor a medida que sean despedidos los afectados. Los administradores judiciales echarán a 145 de los 172 trabajadores del astillero el próximo lunes.

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