Pymes y reformas: una lenta agonía

JAVIER DE LA BALLINA DIRECTOR GENERAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE GIJÓN Permítanme que inicie este artículo a partir de un caso real. Uno de los muchos que llegan a las Cámaras de Comercio, con el que más de una pequeña empresa puede sentirse identificada. Hace unos días coincidí en un Congreso en Gijón con un pequeño empresario que me comentó su caso: tiene una empresa de instalación de equipos de telecomunicaciones, que trabaja muy vinculada al sector de la construcción. Son sólo dos socios que dedican todo su trabajo a la empresa, tienen ocho trabajadores fijos -ahora ya no más- con una media de antigüedad superior a los cinco años. ¡Benditos años 2002 y 2003! Ahora tiene menos trabajo, es obvio. Hay menos edificios que cablear e instalar, y, además, los clientes le tardan mucho más pagar. ¡Ya se sabe que los plazos de pago se los impone el fuerte al débil! O lo que es peor, a veces ni cobra. ¡Tiene un impago de 56.000 euros que le está matando! Las guardias de averías de los fines de semana las cubren ahora los dos socios, porque ya no es posible pagar ni horas extraordinarias, ni complementos a sus trabajadores. Su banco de siempre ni le quita ni le pone, se está portando muy bien y le mantiene su póliza de crédito, ¡pero ni un céntimo mas!.


Tras esta breve «queja» de un pequeño empresario está la realidad de muchas empresas. El día a día de nuestros autónomos y nuestras pymes en esta dura crisis. Una realidad de la que, paradójicamente, conocemos algunos principales componentes: existen serias dificultades para manejar en tiempos de crisis las plantillas; la disminución bruta de ingresos por la caída de la demanda va unida a mayores plazos de pago y niveles de morosidad y, el sistema financiero, no solamente no ayuda a cubrir las necesidades de tesorería de las pequeñas empresas, sino que también retrae su apoyo a la inversión; los impuestos a las empresas y empresarios son fijos y rígidos, en muchos casos, y deben pagarse de forma inexorable. Entonces ¿cómo sale nuestro pequeño empresario de este círculo maligno? La repuesta de este empresario fue concluyente: mediante un proceso de lenta agonía.


No tiene capacidad económica y financiera para reducir plantilla, cada despido objetivo le supone un dinero que no tiene, tampoco le conviene entrar en una compleja dinámica de demandas laborales por despidos improcedentes porque, en este caso, los salarios de tramitación y las indemnizaciones consecuentes le resultarían literalmente insoportables, eso, sin contar con los gastos de abogados. La rigidez del convenio colectivo, -sectorial y negociado en tiempos de bonanza- no le permite flexibilizar jornadas ni horarios con sus trabajadores, porque se arriesga a la pertinente demanda y/o inspección laboral. Sabe, por la prensa, que hay un mecanismo denominado ERE, pero desconoce cómo se hace, quién lo hace, cuánto le cuesta hacerlo. Es más, es de la opinión de que es aplicable solo a las grandes empresas. Tuvo algo de ilusión cuando escuchó al Ministro de Trabajo, Sr. Corbacho, hablar del «contrato alemán», por el que podría reducir jornada a sus trabajadores, pero pronto se enteró de que está enfocado a los sectores industriales, que no es su caso, y que aún tendrían que negociarlo con los agentes sociales, o sea, que tampoco le resuelve en el tiempo que ya le apremia. En resumen, sigue pagando como puede, mes a mes, las nóminas de sus ocho empleados, más las cuotas empresariales, más las cuotas de los dos socios como autónomos.


En este país no tenemos ni prácticas éticas ni legislación que regule los plazos de pago a las pymes, una cuestión que de siempre ha afectado seriamente a algunos sectores empresariales (como la gran distribución o la construcción), pero que se convierte en problema serio cuando, además, nuestras pymes disponen de escaso músculo financiero. Plantear hoy en día pagos a más de 90 días es ya habitual, aunque la realidad lo supera con creces, para llegar a medias de hasta 110 ó 120 días, sin existir la más mínima cobertura normativa al respecto.


Pero eso sí, las pymes ya habrán pagado mucho antes, con una media de 45 días, los correspondientes impuestos del valor añadido a la Hacienda Pública, debiendo financiar como buenamente, puedan el diferencial entre ambos periodos de pago y de cobro.


Por su parte, el aumento de la morosidad, que ha crecido en un 63% en los últimos 10 meses, no sólo afecta a la banca, también, y en mucho, a nuestras pymes, que suman a sus entregas no pagadas los pedidos que se van anulando. El 12% de las empresas españolas está inmersas en algún procedimiento de impago. Y de nuevo, con independencia de cuándo y cuánto se cobre, nuestras pymes habrán hecho los correspondientes pagos del IVA en su momento.


Para tratar de cuadrar este círculo nuestras pymes acuden a sus bancos y entidades financieras, que, si bien han comenzado a abrir el grifo financiero, lo hacen con extremo celo, consecuencia de unos aumentos en sus niveles de morosidad que la situación obliga a controlar. De hecho, las previsiones para el próximo año del Gobernador del Banco de España y el Presidente del Banco Central Europeo aún nos auguran bajos niveles de financiación de la banca hacia el consumo, y también hacia las pymes. Por todo ello, conseguir mantener sus instrumentos de financiación, principalmente vía líneas de crédito, ya resulta un éxito, pero ahora claramente insuficiente dada la caída en los ingresos, el incremento de la morosidad empresarial y el alargamiento de los plazos de cobro.


Seguramente, todo ello pueda sonar, para algunos, a tópicos de los empresarios, acostumbrados a ganar mucho dinero en el pasado, y que quieren trasladar los problemas al Estado y a los trabajadores. Pero no es así, han sido y son esos empresarios quienes siguen arriesgando sus recursos, ponen su trabajo y sus iniciativas al servicio de sus empresas. Son los primeros en ver recortados sus ingresos mensuales, y son quienes avalan ante las entidades bancarias las operaciones de crédito, cada vez más, con sus propios patrimonios, quizás con más de lo que han conseguido en los buenos años.


La economía española, nuestra competitividad, nuestra riqueza y renta interior y, en definitiva, nuestro empleo dependen de una base empresarial de autónomos y pequeñas y medianas empresas inmersas en un círculo de larga agonía del que podemos y debemos salir con valentía para afrontar reformas serias y de futuro, y no esperando que las recetas de la I+D+i, de la internacionalización y de la sostenibilidad den sus frutos, porque quizás, con ello, ya no estemos a tiempo.