El colectivo contra la regasificadora pide suspender las obras

M. C.

Varias asociaciones integradas en la plataforma Regasificadora Non solicitaron ayer a la Autoridad Portuaria de Gijón que suspenda las obras de esta planta industrial, por haberse iniciado las mismas sin que Enagás haya obtenido la licencia municipal obligatoria. Reclaman al Puerto que no demore la paralización.

Regasificadora Non señala que el movimiento de tierras que se ha iniciado para la construcción de los tanques que almacenarán el gas natural licuado requiere la oportuna licencia municipal. Es una demostración más de la complicidad del Puerto, que ha permitido a la empresa Enagás movimientos de tierra en la parcela, sin tener las obligaciones legales correspondientes», señala el colectivo a través de un comunicado.

La plataforma contra la regasificadora recuerda que se trata de una instalación peligrosa y sostiene que incumple la normativa, en concreto el reglamento que obliga a que las instalaciones peligrosas estén a dos kilómetros de poblaciones (el RAMINP, que debe sustituir el Principado con una ley que regule estas actividades y que en la actualidad no existe). También incumple «La norma NFPA 59 A», que requiere que determinar zonas de exclusión para estas terminales por riesgos de incendio y de dispersión de gas. También incumple «el real decreto 1254/1999», que alude a mantener «distancias de seguridad adecuadas» con viviendas y elaborar un dictamen técnico sobre los riesgos, además de requerir la consulta ciudadana.

«Desde Regasificadora Non nos parece escandaloso e insultante para toda la ciudadanía todo el recorrido que ha tenido esta peligrosa planta de gas que pretenden instalar en el puerto gijonés», señala el colectivo, que acusa a las administraciones de haberles negado información sobre «las características de la instalación y su potencial riesgo ante un accidente o atentado. En ningún momento se nos presenta un análisis cuantitativo de riesgos y qué distancias de exclusión y de seguridad se están manejando».

La plataforma añade que la regasificadora supone un derroche de recursos públicos por innecesaria y porque «el Estado asegura a Enagás la amortización de la planta y su gasoducto», algo que supondrá «un incremento de los costes fijos en el gas y en la electricidad, lo que es trasladado al recibo mensual de luz y gas que pagamos todos».