El Colegio de Arquitectos ve «matizables» las tres alternativas propuestas para el PGOU

Miriam SUÁREZ

El grupo de urbanismo del Colegio de Arquitectos de Asturias todavía no ha estudiado a fondo el documento de prioridades que sienta las bases de la revisión del PGOU. Pero su decano, Ángel Noriega, ya adelanta que «con toda probabilidad presentaremos sugerencias» en el plazo de información pública que se abrirá el próximo 2 de enero. En su opinión, ninguna de las tres alternativas que plantea el Ayuntamiento para el Plan General de Ordenación Urbana «debería prosperar tal cual». O lo que es lo mismo: «Todas son matizables».

Por lo pronto, Noriega desaconseja «establecer un único modelo urbanístico. No hay por qué encasillar la ciudad en un modelo generalista, cuando se pueden atender las peculiaridades que tiene cada zona». El equipo de gobierno, sin embargo, ya ha puesto sobre la mesa su apuesta por «un modelo compacto», que permita avanzar en infraestructuras y prestación de servicios desde la sostenibilidad ambiental y económica. El decano de los arquitectos gijoneses advierte de que «hay zonas que permiten determinadas intervenciones, pero otras no. Una cosa es planificar el futuro y otra que aparezcan de repente 3.000 pisos en Vega (como plantea una de las alternativas). Entiendo que esa no es la forma de construir la ciudad».

El Colegio de Arquitectos confía en que la revisión del Plan Urbano se aproveche no sólo para salvar escollos jurídicos, sino también para mejorar el desarrollo del municipio. «El urbanismo gijonés requiere un análisis a fondo, teniendo en cuenta las cosas que han sucedido. Espero que del proceso de información pública realmente salgan propuestas que vayan más allá "¿de lo mío?", y que sean atendidas», señala Ángel Noriega.

El Ayuntamiento tiene que iniciar desde cero la tramitación de su PGOU debido a las 23 sentencias anulatorias que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, al entender que hubo deficiencias de carácter mediambiental y en el proceso de participación ciudadana. El procedimiento administrativo se repite partiendo del documento de prioridades que el concejal de Urbanismo presentó públicamente el viernes. Un texto de 140 páginas que también interesa muy especialmente a la Asociación de Promotores y Constructores (Asprocon).

De la lectura que ayer hacía su presidente, Manuel Pastor, se extrae que «la alternativa 0 no tiene ningún sentido, porque se agotaría en poco más de cuatro años y las previsiones urbanísticas hay que hacerlas para un horizonte de al menos diez años». Esta opción es una foto fija del planeamiento de 1999, que redactó el arquitecto Ramón Fernández-Rañada, a la que se incorporan las actuaciones concertadas con el Principado, que no están afectadas por la anulación del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Esto es, el Área de Roces, el polígono de Lloreda, la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA). Incluye, además, el plan urbanístico de Castiello de Bernueces, que sí se deriva del PGOU invalidado, aunque su tramitación ya está tan avanzada que no permite vuelta atrás. En total,10.700 viviendas.

La variable 1 suma a todo lo anterior los desarrollos residenciales previstos en el actual PGOU: Infanzón, Cabueñes, Granda y Porceyo. Y también el plan de vivienda concertada previsto en Jove y más suelo industrial para el polígono de Roces. Estos suelos generarían 17.200 nuevas viviendas. Para la patronal gijonesa de la construcción ésta es la propuesta «más fácil de resolver» y que «mejor se ajusta a la realidad del municipio».

En cuanto a la opción consignada con el número 2, el máximo portavoz de Asprocon asegura que «tampoco estorbaría, porque garantiza suelo para muchos años». Se calcula que las manchas de terreno urbanizable que se pintan en esta alternativa tienen capacidad para construir 24.200 viviendas. Cifra que se alcanza al ampliar la superficie edificable de Porceyo hasta los 2,1 millones de metros cuadrados; promoviendo un plan de 3.000 pisos en Vega-La Camocha; y retocando el borde sur del Área de Roces con otras 360 viviendas más.

«Hay años como éste en los que se conceden menos licencias y otros como el anterior en el que se conceden más. Pero la vivienda no deja de ser un bien de consumo. Y, si no hay donde edificar, el suelo se encarece», incide Manuel Pastor. Los vecinos de la zona rural, sin embargo, no lo acaban de ver claro. Es más, si tuvieran que elegir una de las opciones del documento de prioridades, «la que más nos convence es la 0. ¿Qué pintan bloques de pisos en Cabueñes o Vega?».

Aunque «esto es algo serio y todavía tenemos que trabajarlo mucho», señala la presidenta de la Federación vecinal «Les Caseríes», su filosofía de partida es contraria a la de los constructores. «El Ayuntamiento cree que hay demanda para 17.000 o 24.000 viviendas, pues que lo demuestre», insta Soledad Lafuente, que, a falta de que los representantes vecinales de las parroquias se reúnan y decidan, «seguro que presentaremos sugerencias».