Así se hace un Plan

Miriam SUÁREZ

Ciertas deficiencias en el proceso de participación ciudadana influyeron para que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias declarase nulo el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Su revisión deberá llevarse a cabo, según establece la legislación vigente en esta materia, con «la máxima sencillez, inteligibilidad y proporcionalidad». A partir del próximo 2 de enero, cuando el Boletín Oficial del Principado publique la primera convocatoria de información pública prevista en el procedimiento, los ciudadanos opinarán al respecto.

Será el inicio de una tramitación que, tras pasar el filtro de 16 organismos y entidades públicas, decidirá el diseño de Gijón para los próximos diez años. Un dibujo en el que la ampliación del puerto de El Musel -con todos los proyectos que eso conlleva,- y el plan de penetración del ferrocarril en la ciudad marcan las líneas maestras. Sobre esos trazos gruesos se plantean tres posibles alternativas, con distinto grado de desarrollo urbanístico. Desde el 2 de enero y durante un período de 40 días, estos tres modelos de ciudad quedarán sometidos a la opinión de particulares y colectivos.

Este plazo de información pública tendrá «efectos administrativos preparatorios» para la elaboración del nuevo planeamiento urbanístico. El Ayuntamiento ni siquiera está obligado a responder las sugerencias que se reciban. Las asociaciones vecinales de la zona rural afrontan el proceso con escepticismo, convencidos de que «no nos harán ni caso».

El nuevo Plan General será la suma de este período de sugerencias, de la evaluación de impacto ambiental que se abordará de forma paralela y de un estudio económico sobre la viabilidad financiera de las alternativas. El documento resultante, según las previsiones del equipo de gobierno, recibirá la aprobación inicial del Pleno municipal antes del mes de agosto. A partir de entonces, se abrirá un plazo de dos meses para la presentación de alegaciones. En este caso, sí deberán ser respondidas por los servicios técnicos consistoriales.

La tramitación urbanística, que se repite desde cero para cumplir con lo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en 23 sentencias anulatorias, debe acomodarse a una nueva legislación, mucho más exigente que la de 2005. Además de escuchar la voz de los ciudadanos, el Ayuntamiento tendrá que recabar informes de cinco consejerías del Gobierno regional, cuatro ministerios y siete organismos públicos de distinta naturaleza. Serán decisorios los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, así como la Consejería de Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Pero también se pedirá el visto bueno del Consejo Nacional del Agua, la Agencia Asturiana para la Discapacidad, las consejerías de Cultura, Industria o Sanidad, el Consorcio de Transportes, AENA (Aeropuertos Españoles) e incluso al Ministerio de Defensa. El equipo de gobierno que forman PSOE e IU confían en normalizar la situación urbanística de la ciudad para mayo de 2011; en año y medio.