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Miriam SUÁREZ
La Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona rural «Les Caseríes» ya se prepara para el proceso de sugerencias al que se someterá, a partir del 2 de enero, el documento de prioridades que sustenta la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Portavoces de las distintas parroquias gijonesas han convocado una reunión para el próximo martes con el objeto de analizar técnica y jurídicamente este texto de 140 páginas, en el que se incluyen tres alternativas de planeamiento.
A la reunión asistirá el abogado Antonio García, que representa legalmente a «Les Caseríes» en su lucha contra la política urbanística del Ayuntamiento. García ha formulado algunas de las denuncias que han sido respondidas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias con una sentencia desfavorable al PGOU gijonés. Sobre el planeamiento de la ciudad pesan, actualmente, 23 fallos anulatorios. Una situación jurídica que ha obligado al Ayuntamiento a revisar su Plan Urbano.
La nueva tramitación se iniciará con un período de información pública de 40 días hábiles, en el que la Federación «Les Caseríes» participará «con total seguridad». A falta de que cada parroquia haga sus propias observaciones, los vecinos de la zona rural coinciden en un punto: «Rechazamos de raíz la alternativa 2».
Esta opción contempla un crecimiento de 24.200 viviendas, que suma a las actuaciones previstas en el Plan General anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias dos nuevos desarrollos residenciales en Vega-La Camocha y Porceyo. «Es demasiado agresivo, una bestialidad», coinciden. El Ayuntamiento ofrece, además, la alternativa 1, similar al PGOU que se aprobó en 2005 y que todavía está en vigor a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre las sentencias anulatorias; y una variable 0, que sólo incluye operaciones urbanísticas pendientes del anterior Plan, las nuevas que ya cuentan con aprobación definitiva y las áreas concertadas con el Principado.
-Un PGOU que incorpore únicamente los desarrollos residenciales heredados del Plan anterior (el de Rañada), las áreas concertadas (Roces, polígono de Lloreda y zona logística) y operaciones como la de Castiello que ya tienen aprobación definitiva. En total, 10.700 viviendas.
-Añadir a todo lo anterior, el plan de vivienda concertada de Jove y los planes urbanísticos previstos en el PGOU que ha sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia. El crecimiento sería de 17.200 pisos.
-Generar suelo urbanizable para 24.200 viviendas, sumando a las alternativas 0 y 1 dos actuaciones residenciales nuevas en Vega-La Camocha y Porceyo.
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