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El planteamiento de las parroquias

La zona rural «no entrará en el juego de las tres alternativas» en la revisión del PGOU

La Federación «Les Caseríes» presentará después de Reyes un borrador con «nuestra propia propuesta», basada en «el consumo racional del suelo»

 
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La zona rural «no entrará en el juego de las tres alternativas» en la revisión del PGOU
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Miriam SUÁREZ
Sobre la mesa de debate de la Federación vecinal «Les Caseríes» se pondrá, después de Reyes, el borrador con la postura que las parroquias gijonesas defenderán en el proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El abogado que representa a la zona rural, Antonio García, todavía no ha empezado a trabajar en el documento, aunque ya adelanta que «no vamos a entrar en el juego de las tres alternativas que plantea el equipo de gobierno».

El Ayuntamiento propone, como punto de partida para la revisión del PGOU, tres opciones de ordenación urbanística, que prevén crecimientos de 10.700, 17.200 y 24.200 viviendas. Su justificación y desarrollo vienen recogidos en lo que se denomina documento de prioridades, un texto de 140 páginas que se someterá a información pública a partir del 2 de enero. La zona rural, que «por supuesto» participará en esta primera fase de sugerencias, «no tiene por qué atarse a las propuesta del Ayuntamiento», incide García.

Eso significa que, aun teniendo que basarse en el documento de prioridades, «haremos nuestra propia propuesta, en la que se dirá, sobre todo, el PGOU que no queremos para Gijón». La Federación «Les Caseríes», que el martes celebraba una reunión para hacer un primer análisis técnico y jurídico, adelanta que «seremos coherentes con la postura que mantuvimos en 2003», cuando empezó a tramitarse el actual Plan Urbano. Es decir, «seguimos defendiendo un consumo racional de suelo», criterio que, en opinión de la zona rural, «no se corresponde con los crecimientos urbanos que plantea el Ayuntamiento».

Si el gobierno municipal tiene que afrontar una revisión de su PGOU (ahora, PGO) es porque el Tribunal Superior de Justicia de Asturias lo ha declarado nulo en una treintena de sentencias. Buena parte de estos fallos desfavorables están motivados por denuncias de asociaciones o vecinos particulares de la zona rural. Sin ir mas lejos, la Federación «Les Caseríes» obtuvo una de estas sentencias anulatorias, con argumentos que «trasladamos al Ayuntamiento a lo largo de la tramitación, pero no nos hicieron caso».

El procedimiento administrativo debe repetirse, ajustándose a una nueva legislación mucho más fina en cuestiones medioambientales y de participación ciudadana. Aun así, «dudamos de que esta vez sea distinto y nos escuchen». Si sus sugerencias caen «de nuevo» en saco roto, «pues habrá que volver a ponerse a la defensiva», advierten los portavoces de la zona rural, en clara alusión a las «marchas verdes» que organizaron en su día para mostrar su rechazo al PGOU que ahora anula el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

El borrador que el abogado de la Federación rural dará a conocer después de Reyes girará en torno a una de las cuestiones que más preocupa a la zona rural: «La justificación del crecimiento de la ciudad». Según explica Antonio García, «las previsiones para diseñar el Plan Urbano hay que hacerlas en función de las necesidades reales de la ciudad, no pensando en los que van a venir en el AVE (el tren de Alta Velocidad). A nosotros nos da la sensación de que el Ayuntamiento no se basa en criterios reales, sino en futuribles». En opinión de los vecinos, el número de viviendas que se plantea «es descomunal».

l Sostienen que el nuevo Plan General de Ordenación tiene que promover un consumo racional del suelo.

l Creen que no están suficientemente justificados los crecimientos de 10.700, 17.200 y 24.200 viviendas que plantea el Ayuntamiento como punto de partida de la revisión.

l Ninguna de estas tres alternativas convence a la zona rural, que presentará una alternativa adicional en el período de información pública que comienza el 2 de enero.

l En cuanto a los núcleos rurales, consideran que debería garantizarse su ampliación, frente a la intención del gobierno municipal de contenerlos de aquí a los próximos diez años.

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