M. CASTRO
La Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) no da por enterrado a Naval Gijón, a pesar de que las instalaciones fabriles del astillero de Poniente han sido completamente desmanteladas. Por eso, el sindicato ha iniciado acciones legales contra los gestores de la empresa y contra Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar, organismo vinculado al Ministerio de Industria que controla la gestión del astillero desde al menos 2004), al considerar que se están produciendo supuestas ilegalidades en el proceso de cierre, que de confirmarse podrían incluso acarrear posibles responsabilidades penales para sus responsables. CSI sospecha que se está liquidando de hecho el astillero sin que la empresa haya adoptado formalmente un acuerdo de disolución y apunta que dado el estado de cuentas de Naval Gijón, lo procedente era presentar un concurso de acreedores.
El sindicato ha puesto el asunto en manos del bufete ovetense Orejas Abogados, que anteayer remitió un burofax al gerente de Naval Gijón para que a su vez lo trasladara a Pymar. En el burofax se cuestiona el desmantelamiento de la factoría naval cuando aún existen trabajadores dados de alta. Además de personal de oficina también está dado de alta el líder de CSI, Juan Manuel Martínez Morala, después de que una sentencia revocara la decisión de la empresa de prejubilarlo de forma obligatoria en pleno proceso de elecciones sindicales. La sentencia está recurrida y Morala cobrando en su casa, porque la dirección del astillero no le ha dado ocupación.
La CSI también cuestiona la actuación de la empresa cuando están pendientes de resolverse varios litigios que repercutirían sobre el cierre. Uno de ellos es el recurso que interpuso la dirección contra una sentencia que anulaba el acuerdo que alcanzaron UGT y CC OO con Pymar y la empresa para prejubilar a 54 trabajadores, como paso previo al cierre de la factoría naval.
El sindicato exige a la empresa que le informe sobre si ha tomado o no un acuerdo de disolución o liquidación y cuestiona en todo caso que haya esquivado el procedimiento concursal. El interés de la central es «o bien la continuidad del astillero o de no ser posible, dejar resuelta conforme a derecho definitivamente la situación de todos los trabajadores, tanto de los activos, pasivos, como de los prejubilados y así como los afectados por los compromisos de recolocación», en este último caso en referencia a los 43 trabajadores despedidos el pasado 31 mayo, cuando cesó la actividad en el astillero. Algunos de los despedidos tienen más de 50 años.
El sindicato también pide que le aclaren la relación de Naval Gijón con Pymar y Pesquier Navegaçao (sociedad instrumental domiciliada en Madeira que se constituyó para la construcción del buque 610, el último quimiquero que se hizo en Naval Gijón). El burofax recuerda «la posible responsabilidad de los administradores de hecho o de derecho, junto con los miembros del consejo de administración de una sociedad, en supuestos de actuaciones fraudulentas o incumplimiento de obligaciones legales en perjuicio de terceros, a los posibles efectos, entre otros, penales».
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