Una porra de fútbol a su favor

ÁNGEL GONZÁLEZ R. G. / A. R.

Demasiadas dudas razonables. Ni la cantidad de hachís incautada -132,28 gramos- ni los movimientos registrados por los agentes que vigilaron su establecimiento hostelero ni los 2.400 euros que tenía en su poder en el momento de la detención. Nada resultó lo suficientemente concluyente como para condenar por un delito contra la salud pública a un hostelero gijonés al que la Policía detuvo en 2008 y acusó de llevar a cabo venta de hachís en su establecimiento.

El hostelero, que desde entonces no ha podido reabrir su negocio, sopesa ahora con su abogado, Rodrigo Gómez, exigir responsabilidades y una compensación por el perjuicio causado.

Los hechos por los que Agustín C. C. fue juzgado este mes de diciembre se remontan a hace veinte meses. La Policía había estado vigilando ante su establecimiento, un bar ubicado en la avenida de la Constitución, con la sospecha de que allí se vendía hachís y también se permitía el consumo en el propio negocio. Cuando irrumpieron en el establecimiento para llevar a cabo una inspección le ocuparon al encargado, Agustín C. C., dos trozos en el interior del bolso del pantalón, y bajo el asiento delantero derecho de su coche se encontró también una placa de hachís de siete por seis centímetros. En total, 132,28 gramos de sustancia estupefaciente.

Los agentes, además, reflejaron en el acta el fuerte olor a hachís que impregnaba el ambiente en el local, y que la mayoría de los clientes estaban consumiendo en ese momento. En total, ocho clientes tenían en su poder algunos gramos. El que más, 8 gramos de hachís; el que menos, 2 gramos.

En contra del acusado jugó también que en su poder tenía una importante cantidad de dinero, casi 2.400 euros, distribuidos entre la caja registradora (700 euros), una caja de plástico en el interior de la barra (442 euros) y en la propia cartera (1.200 euros).

El imputado negó en todo momento su condición de «traficante», aunque no negó ser consumidor de hachís. Afirmó que el dinero de su cartera era para pagar la liquidación de una camarera y el del bote de plástico de la barra tampoco era de ninguna venta de droga, sino de una porra de fútbol que se hacía en el local. Del consumo de hachís que se hacía en el bar llegó a decir que no podía controlar a todos los clientes.

En el juicio oral fueron varios los testigos que ayudaron a sembrar las dudas razonables. Una camarera ratificó que había quedado ese día con el acusado para cobrar el finiquito y tanto ella como otra compañera confirmaron que en un bote de plástico se guardaba el dinero de una porra. A la juez, finalmente, sólo le quedaba resolver sobre el volumen de hachís incautado al acusado. Y eso lo resolvió el Supremo. Según la jurisprudencia, la sustancia que habitualmente puede acumular un consumidor para satisfacer su propio consumo puede llegar a un máximo entre 100 y 150 gramos. Y Agustín C. C. estaba en la franja razonable, pero esas dudas no le permitieron seguir con el negocio en estos meses.