J. M.
Los comentaristas de la nueva ley del Suelo del Estado (de junio de 2008) -que es aplicable a la tramitación del nuevo PGO de Gijón- señalan puntos oscuros en los procesos de información pública a los que han de someterse los planes de ordenación. En opinión de algunos expertos, uno de esos puntos negros consiste en que en los ayuntamientos atienden de modo específico las alegaciones de los propietarios de suelo (para aceptar o negar peticiones de recalificación, aprovechamientos, etcétera), pero no prestan la misma atención a cuestiones de índole más general propuestas por los ciudadanos.
Dicho en plata, un Ayuntamiento resuelve las cuestiones particulares, que son las que pueden acabar en los tribunales, pero soslaya las generales, ya que al ciudadano no se le reconocía el derecho de acudir al contencioso-administrativo por cuestiones más alejadas de su propio suelo o de la puerta de su domicilio. Los intereses particulares eran atendidos, pero, según los especialistas en derecho urbanístico, los ayuntamientos no empleaban tiempo ni esfuerzo en explicar su PGO, en razonarlo, o en crear un debate ciudadano sobre sus determinaciones.
De hecho, la fase de sugerencias previas a la redacción de PGO ha sido introducida en años recientes, aunque antes ya existía la figura del avance de planeamiento. Pero tanto con las alegaciones como con las sugerencias, el riesgo consiste en que la información pública permanezca convertida en trámite engorroso que los ayuntamientos resuelven de modo mecánico y sin profundizar en los argumentos de los ciudadanos. Tal es la advertencia de los expertos en derecho urbanístico.
